El sistema electoral de México permite infiltración del crimen: académicos
El sistema electoral de México favorece la intervención de grupos criminales en las elecciones, por el alto costo de las campañas políticas y porque el país carece de programas para combatir el lavado de dinero y evitar el flujo de recursos procedentes de la delincuencia a los comicios, dijeron académicos especializados en seguridad.
Durante su participación en la mesa redonda Crimen organizado, narcotráfico y delitos electorales: fortaleciendo el blindaje, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el experto Edgardo Buscaglia señaló que las investigaciones que ha realizado indican que los delincuentes pueden influir en la integración de listas de candidatos, pues quienes aspiran a una candidatura tienen que pasar “por todos los cacicazgos”.
Por lo tanto, expuso, “el sistema electoral está diseñado para ser capturado por grupos criminales”, y ese problema se agrava porque “existe muy poca participación de la sociedad civil en el monitoreo de los actores políticos”.
“México no tiene programas de lucha y prevención del lavado”, dijo Buscaglia, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y afirmó que en este tema la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) “ha brillado por su ausencia”.
La Fepade, órgano de la Procuraduría General de la República (PGR), fue fundada en 1994 con el propósito de perseguir los delitos en materia electoral en México .
En el mismo acto en la Ciudad de México, el titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez , afirmó que la institución trabaja con independencia y sin distinguir entre los partidos políticos, aunque reconoció que necesita reformas institucionales para cumplir mejor con sus funciones.
Incluso, anunció que desarrolla una propuesta para dar mayor autonomía a la Fepade y dotarla de más capacidad para actuar.
Luis Astorga, académico de la UNAM especializado en narcotráfico, coincidió con Buscaglia en que el alto costo de las campañas políticas y la “flexibilidad ética” de algunos políticos permiten que la delincuencia infiltre la política.
Astorga señaló que la estrategia de seguridad seguida por el presidente Felipe Calderón desde diciembre de 2006 centra las acciones en el combate armado a la delincuencia, lo que genera más violencia y violaciones a los derechos humanos, en vez de afectar las fuentes de financiamiento de los criminales.
Cifras del gobierno federal indican que durante el sexenio de Calderón han muerto más de 28,000 personas en acciones de la delincuencia , aunque las autoridades aseguran que 90% de esas muertes corresponden a individuos relacionados con delincuentes.
El experto Samuel González dijo que en estados “débiles” como el mexicano, el modelo de competencia electoral, en el que se requieren grandes sumas de dinero para competir, fomenta la ilegalidad y la violencia.
“Desterremos la política casino de nuestro país o la violencia continuará”, llamó González.
La mesa redonda formó parte del seminario Elecciones 2012, en busca de equidad y legalidad, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y concluirá el jueves.
Antes de las elecciones del 4 de julio pasado fue detenido el candidato perredista a gobernador del estado de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez , por presuntos de vínculos con el narcotráfico. El ex canditado está preso en un penal de Nayarit.
En la Cámara de Diputados, el legislador federal Julio César Godoy Toscano también enfrenta acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico y se encuentra en un juicio de desafuero solicitado por la PGR.
