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Qué pasará con el Ejército en las calles, un pendiente en la Cámara baja

La iniciativa del presidente Calderón es uno de los temas que deben discutirse antes de concluir el periodo de sesiones
mié 15 diciembre 2010 11:17 AM
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En medio de una estrategia cuestionada de combate al crimen organizado, que el gobierno federal bautizó la "guerra contra el narcotráfico" a finales de 2006, los diputados discuten en los últimos días de sesiones las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que regularía la actividad del Ejército en las calles.

Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que fueron ya aprobadas por el Senado de la República y se encuentran en análisis en varias comisiones de la Cámara baja, regulan las actividades de las fuerzas armadas, pero también le amplían su campo de acción.

Se trata de reformas hechas a raíz de una iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado en abril de 2009. Un año después, la Cámara alta aprobó las reformas pero con cambios sustanciales y, aunque se preveía que los cambios estuvieran listos este mes en la Cámara de Diputados, tal parece que tendrá que esperar hasta el 2011.

Uno de los cambios fue que el Ejército no puede intervenir para mantener la paz pública en casos de conflictos interiores de carácter político, electoral o de índole social.

"Se trata de dejar bien asentado cuáles son las facultades de cada fuerza del orden para que dejen de cometerse atropellos, sobre todo contra ciudadanos comunes", comentó Arturo Santana, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo al texto aprobado por el Senado de la República, el único motivo por el que pueden tener acción en el país es cuando se considere en peligro la seguridad interior, cuando son rebasadas las capacidades de las autoridades locales y se vulnera a las instituciones.

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Miembros del Ejército consideran que esto es un error debido a que no podrán entrar en acción cuando, desde su punto de vista, se requiera.

"Las fuerzas armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional", comentó a diputados, en octubre pasado, Luis Crescencio Sandoval González, jefe de la sección quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Una de las nuevas facultades otorgadas al Ejército es, por ejemplo, cuidar la soberanía de la Nación por problemas de origen ambiental, químico o climático.

Los partidos de oposición discuten también sobre la posibilidad de reformar la figura del fuero militar, que excluye la posibilidad de que los efectivos de las Fuerzas Armadas sean juzgados por realizar ejecuciones extrajudiciales.

¿Policía o Ejército en las calles?

Los legisladores han debatido durante todo este periodo ordinario de sesiones sobre la pertinencia de mantener al Ejército en las calles realizando el combate al crimen organizado.

Uno de los principales problemas, argumentan, es la diferencia en la fuerza del Ejército y la Policía Federal.

"Es una corporación, el Ejército, que tiene 250,000 efectivos, incluyendo la Armada y estamos enfrentando al crimen organizado transnacional —ya tiene esa característica— que tiene un poder económico  y es fuertemente corruptor, estamos enfrentándolo con 38,000 efectivos de la Policía Federal.

"Esos son los contrastes, tenemos 38,000 efectivos en la Policía Federal enfrentando este fenómeno transnacional y, por otro lado, tenemos un ejército de 250,000 efectivos que todavía no hemos definido concretamente su rol en términos de seguridad interior", afirmó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Gustavo González Hernández, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

A la Policía Federal deben añadirse más de 400,000 policías que se encuentran distribuidos en corporaciones municipales en todo el país, sin una coordinación de por medio y, muchas veces, infiltrados por el crimen organizado.

Se regulaba la labor de inteligencia

Expertos aseguran que la Ley de Seguridad Nacional, promulgada por el presidente Vicente Fox en el 2005, es un ordenamiento que fundamentalmente regula las actividades de inteligencia que se realizan en el país, por lo que sería un error convertirla a una regulación con carácter de seguridad pública, aunque es necesario establecer campos de acción.

"Se llamó Ley de Seguridad Nacional pero no fue una Ley de Seguridad Nacional, fue una ley de regulación del servicio de inteligencia llamado Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional)", explicó Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Los mismos militares pidieron el retiro de la palabra Fuerzas Armadas de la ley, para que no entrara ningún tipo de regulación  adicional a las leyes orgánicas existentes para el Ejército, Fuerza Aérea y para la Marina, pero no puede operar una ley de seguridad nacional sin que se contemple cómo van a estar integrados, coordinadas e interactuando, son entidades separadas que tienen que interactuar, porque el fenómeno que están combatiendo es el mismo".

Los legisladores están estudiando también regular el tema del espionaje en otros ámbitos, no solo el que realiza el Cisen.

"Ya no solamente es el CISEN, hay ayuntamientos, municipios que realizan actividades de inteligencia que yo considero, más bien, de espionaje, porque no tienen ninguna regulación al respecto.

"Y lo mismo tenemos a órganos de inteligencia en el Cisen, que es la Secretaría de Gobernación, que en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Seguridad Pública, en los órganos de inteligencia financiera de la Secretaria de Hacienda que necesitan ser regulados", comentó Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del PRD.

Preparan reformas también en derechos humanos

Los legisladores discuten también reformas a diversos ordenamientos legales para subir a rango constitucional los derechos humanos como garantías fundamentales del individuo.

Estas reformas constitucionales también fueron aprobadas en abril de este año por el Senado de la República y, de no aprobarse a más tardar el 15 de diciembre, será otro de los grandes pendientes que dejarán los diputados.

Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es que los funcionarios de todos los niveles, acusados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de cometer una violación a los derechos humanos y no cumplan la recomendación del organismo, debe hacer públicas su razones para no aceptarla.

Si esto ocurre, el Senado de la Republica, la Comisión Permanente, las 31 legislaturas estatales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pueden llamarlos a comparecer para explicar sus razones.

"Esta es quizá una de las reformas más importantes de los últimos tiempos porque se trata de empoderar a la CNDH, darle más facultades para que pueda hacer valer el respeto a los derechos humanos", comentó el diputado del PRI con licencia, Rubén Moreira.

Con la reforma, la CNDH tendrá también facultades para investigar violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de todos los niveles de gobierno y podrá presentar denuncias penales y civiles que correspondan.

Lo legisladores plantean que la situación que vive el país en materia derechos humanos es lamentable, pues varias resoluciones internacionales han dado resultados negativos contra México sin que hasta ahora se haya solucionado el problema.

"En materia de derechos humanos, el derrotero del país es terrible. Hoy tenemos graves acusaciones a nivel internacional, no estamos satisfechos, nadie, con lo que se está haciendo en este país en el tema, porque no solamente es el descrédito, muchas personas están muriendo o están siendo encarceladas injustamente, el mundo ve con preocupación hoy a México", dijo Moreira.

Además del deterioro de los derechos humanos en México, la reforma se discute en un ambiente donde la CNDH ha sido acusada de gastar millones de pesos del presupuesto nacional sin tener mejores resultados. 

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