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Tres jueces de Chihuahua suspendidos por liberar a un asesino

Los sancionados dejaron en libertad al homicida de la hija de Marisela Escobedo, activista asesinada la noche del jueves en Chihuahua
vie 17 diciembre 2010 05:55 PM
Marisela Escobedo caminata
EFE-Marisela-Escobedo-asesinato-activista Marisela Escobedo caminata

El Poder Judicial del estado de Chihuahua, en el norte de México, suspendió de sus labores a los tres jueces que dejaron libre al asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo, asesinada el jueves, reportó la agencia Notimex.

La suspensión de los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib fue determinada a propuesta del gobernador chihuahuense, César Duarte, tras la muerte de Escobedo, según Notimex.

La mujer, madre de una joven de 16 años asesinada en Ciudad Juárez, persiguió por casi un año al asesino de su hija para entregarlo ante las autoridades.

Sin embargo, su búsqueda recibió un revés el 29 de abril de 2010, cuando las autoridades del Tribunal de Juicio Oral otorgaron la libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, por “la ausencia de pruebas” del homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Los jueces decidieron “por unanimidad” absolver a Barraza Bocanegra “de la acusación como autor del delito consumado de homicidio agravado, previsto y sancionado”.

Este viernes, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su programa Noticias MVS, el gobernador César Duarte dijo que pidió al Congreso del estado el desafuero de esos jueces.

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“Lo más grave es que confesó y con todos los elementos, los jueces determinaron que procesalmente no tenían las razones para fincarle la responsabilidad. No podemos tolerar de ninguna manera que se siga alimentando la impunidad de esa manera y que los jueces que no están apegados al cumplimiento de su responsabilidad gocen de una tranquilidad y de fuero”, señaló el mandatario.

En entrevista con CNNMéxico, Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Escobedo en el caso, dijo que el desafuero de los jueces puede lograrse con lo investigado por Escobedo.

"Cuando pasó el caso, se creó una comisión interinstitucional para el análisis del expediente y ahí pudimos advertir esas irregularidades no sólo del Poder Judicial sino con la procuraduría, ya hay una base de carácter legal" para el desafuero, señaló.

A consecuencia de esto pidieron la creación de un Consejo de la Judicatura “que no existe, para atraer todas estas situaciones. Esa comisión interinstitucional fue un estudio serio de muchas semanas que tuvieron que ver con el funcionamiento del sistema”, agregó Castro.

Marisela Escobedo fue asesinada este jueves durante una manifestación que realizaba frente al palacio de gobierno del estado . Su asesino, como el de su hija, se dio a la fuga.

La autoculpa, insuficiente

Según las observaciones de Ochoa Contreras, Zúñiga Vázquez y Boudib, la única prueba presentada por el Ministerio Público era insuficiente, pues sólo era un testimonio no grabado del propio acusado ante diversas personas (dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro), en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.

Zúñiga Vázquez también explicó que durante el juicio oral, Sergio Barraza se reservó su derecho a declarar y por tanto no era válido introducir testimonios anteriores, aunque sean autoincriminatorios.

En junio de 2009 Marisela Escobedo halló a la ex pareja de su hija en Fresnillo, Zacatecas, a más de 700 kilómetros del lugar del homicidio. Tras su captura, el hombre confesó que golpeó a Marisol lo que provocó su muerte; luego la descuartizó, calcinó los restos y los enterró en un basurero.

Pero la confesión no bastó para los jueces; el reporte forense tampoco demostró la causa del deceso.

“Ante la ausencia de pruebas suficientes que demuestren que entre el 28 y 30 de agosto del año 2008, Sergio Rafael Barraza Bocanegra golpeó a Rubí Marisol Frayre Escobedo, ni que tales golpes hayan sido la causa de la muerte de ésta, se concluye que no se demostró la existencia del hecho punible que se le atribuye, ni su participación como autor del mismo, por lo que debe dictarse veredicto absolutorio en su favor”, se agregó.

La lucha de Marisela, desde ese momento, fue revertir la sentencia.

Entonces organizó una caminata de más 351 kilómetros para llegar a la capital Chihuahua, para entrevistarse con el entonces gobernador José Reyes Baeza y con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) a fin de exigir justicia.

Reyes Baeza ordenó una revisión a los ministerios públicos que llevaron a cabo la investigación y pidió al STJE evaluar la actuación de los jueces, la cual consideró errónea y desviada del principio de la justicia.

Recabó firmas para la destitución de los jueces pero su intención la canceló un mes después, cuando otros tres jueces -Flor Mireya Aguilar Casas, José Alberto Vázquez Quintero y Roberto Siqueiros Granados- revertieron el fallo absolutorio y lo condenaron a 50 años de prisión.

Pero el asesino confeso ya estaba prófugo.

Indignación por el asesinato de Marisela

Diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron este viernes su condena por el asesinato de la activista Marisela Escobedo.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a las autoridades a poner fin a la violencia feminicida y reiteró la necesidad de "crear un mecanismo de protección eficaz que garantice la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Es indispensable que las investigaciones sobre estos delitos rindan frutos ya que la impunidad incentiva su repetición".

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en conjunto con otras cinco organizaciones, señalaron que "ante la incapacidad y el desprecio del gobierno federal y el gobierno estatal, Marisela fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí".

Lamentaron que haya sido una ciudadana la encargada de "hacer justicia. ¿Dónde empieza su labor como autoridades?", pregunta dirigida al presidente Felipe Calderón y el gobernador Duarte.

Este viernes por la tarde organizaciones civiles convocaron a una manifestación pacífica frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia encargada de la política interna del país, en la Ciudad de México.

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