La CNDH investigará el caso de ejidatarios en Tecanatita, Jalisco
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la queja relacionada con el desalojo de ejidatarios y ramaderos en Tenacatita, en el occidental estado de Jalisco.
El poblado está en una playa cerca de Puerto Vallarta y Manzanillo, que resguarda una de las reservas de mangle más importantes del litoral costero, y forma parte del corredor del jaguar , especie en peligro de extinción, y está amenazada por la construcción de un complejo turístico.
El conflicto entre ejidatarios que fueron desalojados y empresarios por la propiedad del terreno, mantiene cerrada la carretera que lo comunica, pues los supuestos nuevos dueños colocaron una malla electrificada en una carretera federal para que los antiguos habitantes no regresen a la zona.
Hasta el momento el caso era atendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que ya había tomado medidas para asegurar la protección de la integridad física, legalidad, libertad de tránsito, al ambiente y salud de la población , según el comunicado de la CNDH.
Será el primer visitador, Luis García López, quien atienda el caso, “debido a que los hechos que motivaron la queja son de especial gravedad, trascienden el interés de la entidad federativa e inciden en la opinión pública nacional”.
La queja fue iniciada el 4 de agosto por la comisión estatal, basándose en varias notas periodísticas que señalaron que el secretario del Juzgado Mixto en Cihuatlán y 136 antimotines se presentaron en la playa de Tenacatita para desalojar a ejidatarios y habitantes.
Los uniformados también bloquearon la carretera que conduce a la playa. Por este caso se acumularon 10 quejas más, interpuestas por pobladores de El Rebalsito y por dos diputados federales, quienes también señalaron probables abusos de autoridad por parte de policías estatales.
Según los testimonios, los policías dispararon “balas de goma” cuando ya había concluido la diligencia de desalojo por parte del órgano jurisdiccional, lo que motivó la petición de apoyo psicológico para los afectados con el fin de evitar mayores afectaciones en su salud.
La CEDHJ solicitó la intervención de la Semarnat y la Profepa para que en el ámbito de sus facultades determinen las irregularidades y afectaciones al ecosistema de la zona.
