Pelea contra una constructora para reabrir una playa del Pacífico mexicano
En esta historia hay una generosa playa del Pacífico mexicano con una reserva natural, pobladores expulsados después de una vida en el lugar, una constructora que 'amuralló' la zona y autoridades medioambientales que buscan reabrir los accesos al mar: que son públicos.
La empresa Rodenas, además de enfrentar un conflicto con un grupo de ejidatarios por la propiedad de un terreno de 42 hectáreas que ya atiende Derechos Humanos , responde a dos demandas interpuestas por dependencias federales: una por incumplimiento en el pago de la concesión de la playa Tenacatita , aledaña el predio en discordia y la otra por impedir el acceso a esta misma zona.
La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sancionó a la empresa Rodenas, con dos multas de 28,000 pesos cada una (2,700 dólares aproximadamente), por impedir el acceso a una playa pública, ubicada en Tenacatita, reserva natural del Pacífico mexicano.
La dependencia federal recibió tres denuncias entre agosto y septiembre del año pasado en contra de Rodenas, por impedir el acceso a Tenacatita, contraviniendo artículos del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.
El artículo 5° de este reglamento establece que las playas son bienes del dominio público de la Federación y el 7° indica que podrán disfrutarse y gozarse por toda persona, sin limitaciones ni más restricciones que la seguridad de los paseantes o cuando se pretenda construir obras que impiden el libre tránsito, así como cuando haya actos que contaminen el ambiente.
Con una orden judicial y la ayuda de policías estatales, Rodenas desalojó en octubre pasado a un grupo de ejidatarios que vivieron por décadas en Tenacatita.
Para impedir que los ejidatarios regresaran a lo que fue su hogar y sus negocios (ramadas y austeros hoteles), la constructora, propiedad del empresario jalisciense, Villalobos, instaló mallas electrificadas sobre la única carretera que lleva a la playa rica en mangle, mientras que elementos de seguridad resguardan la zona.
Con esta acción, Rodenas no sólo impidió a los desalojados intentar recuperar por la fuerza, un predio que hasta ahora parece ser propiedad de la empresa, sino que además, obstaculizó que turistas nacionales y extranjeros disfrutaran de las cálidas aguas que mojan la playa aledaña al predio en conflicto.
La Profepa entonces demandó a Rodenas permitir el acceso a la playa, que a pesar de estar concesionada hace 10 años a la empresa, está obligada por ley, a dejarla al libre tránsito.
Las quejas quedaron integradas en los expedientes: 4/044-10 y 4/047-10.
El delegado de la Profepa en Jalisco, José de Jesús Becerra, informó a CNNMéxico, que la constructora tiene de plazo hasta finales de la próxima semana para permitir el libre plazo a la playa, de lo contrario la dependencia iniciará una nueva demanda con sanciones más severas.
Las multas impuestas corresponden al monto más alto impuesto por la Profepa (500 salarios mínimos), por violaciones a la concesión de zona federal marítimo terrestre e impedir el libre tránsito a la playa a través de la carretera Jal 541, explicó el funcionario.
Dijo que la empresa está obligada a pagar las multas y ha demostrar que está permitiendo el libre paso.
"Lo que estamos pidiendo es que se permita el acceso, la carretera es un bien nacional, luego entonces por ahí puede transitar cualquier persona", enfatizó.
La historia de un cierre
Rodenas por su parte defiende su actuación al señalar que la carretera fue construida en terrenos de su propiedad, por lo cual una vez que un juez le concedió los derechos totales de 42 hectáreas en la zona de Tenacatita, decidieron hacerse cargo del ingreso a sus terrenos.
¿Cómo consiguió el gobierno federal construir una carretera en propiedad privada, sin el permiso de sus dueños?, le preguntó CNNMéxico a Rodenas.
"Porque cuando se construyó el tramo carretero, los ejidatarios tenían irregularmente la posesión del predio y como muchas otras cosas, ellos permitieron acciones buenas y malas dentro de una propiedad que no era suya, pero que habitaban", respondió el representante legal, Jorge Díaz.
Díaz, manifestó que la empresa está en condiciones de llegar a un acuerdo con el gobierno federal respecto a la situación legal de la carretera.
"Desgraciadamente para ingresar a la playa tienen que pasar por terrenos privados... aquí está de por medio una carretera que su situación legal también está indefinida, porque se construyó sin permiso del legítimo dueño, nosotros estamos dispuestos a aclarar la situación", enfatizó el representantes legal de Rodenas.
El abogado, sin embargo, no acepta que hay restricciones en el paso, como por el contrario constataron diputados en su vista a la zona, quienes para poder ingresar tuvieron que registrarse.
Tampoco admite que echen mano de elementos policiacos del estado para resguardar la zona, sin embargo y ante las fotografías publicadas en diversos medios que demuestran lo contrario, matiza y dice que la presencia de los uniformados es de manera intermitente y sólo cuando se han registrado enfrentamientos.
Un juicio más contra Rodenas
Por un adeudo de 10 millones de pesos (750,000 dólares aproximadamente) la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) instauró desde el año pasado, una demanda en contra de la constructora Rodenas, debido a su incumplimiento en el pago de impuesto por concesión de un tramo de la playa conocida como Tenacatita.
Se trata de una extensión de 20 metros lineales ubicados entre el mar y el terreno de 42 hectáreas que Rodenas peleó a los ejidatarios que finalmente desalojó.
Rodenas obtuvo en 1992 la concesión de este tramo de playa, por la que estaba obligada a pagar cada año, unos 300,000 pesos (23,000 dólares aproximadamente), de los cuales sólo pagó 1,000 pesos anuales a las autoridades municipales, del 2002 a la fecha, según consta en recibos mostrados a la Semarnat.
La dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat) de la Semarnat, instauró el juicio de nulidad con el que estaba en posibilidad de retirar la concesión a Rodenas debido al incumplimiento de este pago, dijo a CNNMéxico, el titular de la dependencia, José Luis Gutiérrez Miranda.
A finales del año pasado sin embargo, la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió una suspensión que por ahora impide que la Zomefat retiré la concesión a la constructora.
"Fue una suspensión meramente provisional, y el mismo acuerdo del tribunal nos dice que en breve estaría resolviendo en definitiva", precisó Gutiérrez Miranda.
¿Cómo justifica Rodenas, el incumplimiento del pago?. "Su respuesta es contradictoria, porque por una parte reconocen que son los responsables de la concesión pero al mismo tiempo se deslindan diciendo que ellos no estaban ocupando la playa, sino los ejidatarios. Por otra parte hay recibos que demuestras que sí estaban pagando, pero una cantidad mínima", responde el funcionario.
¿Qué posibilidad hay de que el gobierno federal retire la concesión?. "El incumplimiento está debidamente acreditado en perjuicio del erario de uno de los municipios más pobres de Jalisco, sin embargo ahora la decisión la tiene la Tercera Sala Regional de Occidente".
Gutiérrez Miranda manifestó que en caso de que el juez ratifique el retiro de la concesión, la dependencia a su cargo estará en posibilidades de otorgar la responsabilidad al ayuntamiento de La Huerta, municipio de Jalisco, quien ya la solicitó.
