‘¡Basta de sangre!’, exigen también las organizaciones civiles
La campaña ¡Basta de sangre!, que inició un grupo de caricaturistas mexicanos, se convirtió rápidamente en una plataforma para exigir un alto a las agresiones contra los defensores de derechos humanos en diversas regiones del país.
Trece organizaciones de la sociedad civil publicaron este viernes en varios medios de circulación nacional un desplegado en el que retomaron una de las frases de la campaña ( “No más sangre” ), para condenar los asesinatos de las activistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela Escobedo y Susana Chávez .
Escobedo, asesinada el 16 de diciembre, tomó en sus manos la investigación para hallar y entregar a las autoridades al asesino confeso de su hija, mientras que Susana era una de las principales activistas de Ciudad Juárez, y que con la bandera de "Ni una muerta más", se dedicó los últimos años a exigir el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en esa ciudad.
En el texto publicado por organizaciones dedicadas a fines tan diversos como la elección a la reproducción selectiva, la defensa del medio ambiente, la libertad de expresión y acceso a la información, sus representantes señalaron que estos crímenes “se dan en un clima de inseguridad y violencia generalizado” y que la constante en estos casos “ha sido la falta de investigación y la ausencia de medidas preventivas para proteger la seguridad, la integridad, y la vida de las y los defensores”.
“Se ha convertido en una lista interminable de amenazas y asesinatos, especialmente contra mujeres. Lo que exigimos es que los autoridades implementen con carácter de urgente el Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; necesitamos un alto a la impunidad”, dijo Vanesa Coria, encargada del Área Internacional del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en entrevista con CNNMéxico.
El mecanismo es un protocolo específico que permite la investigación de ilícitos cometidos en contra de los defensores de derechos humanos, y garantiza las prácticas administrativas y los mecanismos de control necesarios para permitir desde el inicio y en todo momento de la averiguación previa, la comunicación de los defensores con los probables responsables.
Brisa Maya, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), detalla que en febrero de 2010 el gobierno firmó una acuerdo interinstitucional para atender a dos grupos en riesgo: los periodistas y los defensores, en un mismo documento.
“Pero ahora con las muertes de Marisela y Susana, preguntamos cuántas muertes más deben ocurrir para activar el mecanismo de análisis de riesgo para la gente que está cuidando de derechos”, dijo a CNNMéxico.
Los riesgos de los activistas
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México , de Naciones Unidas, durante el periodo de septiembre de 2009 a octubre de 2010 se registró un total de 37 presuntas agresiones en contra de este grupo.
En estos eventos de presuntas agresiones se vieron afectadas 16 defensoras, 21 defensores, tres organizaciones de derechos humanos y el familiar de una defensora, agrega el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Sobre esto Juan Carlos Arjona, director de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que han documentado un aumento en las agresiones hacia los defensores “porque hacemos ver corrupciones u omisiones por parte de las autoridades en algunas actuaciones, o que hay violaciones dirigidas en las actuaciones de algunas personas”.
Aunque en este desplegado se hace mención particular a Marisela y Susana, la intención principal fue mostrar la indignación colectiva. “No es posible que sigan estas muertes, y en situaciones que pueden ser previsibles”.
“Hay que mantener estas denuncias, mantener la voz en solidaridad aunque moleste a quienes pretenden ejercer el poder de manera arbitraria. Por eso exigimos instrumentos funcionales para castigar los criminales”, añadió Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Proh).
La ONU-DH subrayó en su informe la obligación del Estado de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a los responsables, así como de reparar los derechos violentados de las defensoras y defensores de derechos humanos. “Mientras no se logren avances sustantivos para combatir la impunidad, prevalecerá el estímulo principal que contribuye a la repetición de las agresiones”, reporta en el documento.
Un recuerdo más para Marisela y Susana
Este fin de semana decenas de integrantes de asociaciones civiles se reunieron frente al palacio de gobierno de Chihuahua para conmemorar el primer mes de la muerte de Marisela Escobedo .
En el lugar se realizó una misa, oficiada por el defensor de derechos indígenas, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López.
Frente a la sede gubernamental exigieron un ‘No al fuero militar’, su rechazo a la impunidad, a las masacres de Creel y en Ciudad Juárez, y un cese la acción de grupos paramilitares contra jóvenes.
En la Ciudad de México, organizaciones feministas y de derechos humanos se manifestaron en el edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) para recordar los asesinatos de Escobedo y Susana Chávez, y exigieron a los tres niveles de gobierno acciones concretas y eficaces para detener los feminicidios en Ciudad Juárez y en el Estado de México.
