El gobernador de Guanajuato vuelve a entrar en polémica por religión
El estado de Guanajuato podría distinguirse del resto de las entidades federativas por ser la única que incorpore educación religiosa en escuelas públicas, pese a la prohibición constitucional.
El mandatario local de ese estado, Juan Manuel Oliva, dijo el viernes que está analizando la posibilidad de regresar esta clase de educación en las escuelas del gobierno porque los papás son los que deben definir qué le enseñan a sus hijos.
Oliva está tomando en cuenta la recomendación del arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, quien argumentó que la libertad religiosa es un derecho de todos los mexicanos que no gozan los padres que llevan a sus hijos a escuelas públicas.
El artículo 3 constitucional indica que la educación pública debe ser laica y que “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Sin embargo, el gobernador de Guanajuato, ubicado al centro del país, no encuentra problema de incluir religión en las escuelas, pues la separación “entre iglesia y Estado está más que clara en México”.
Según los datos del Censo poblacional 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 96% de la población de Guanajuato es católica.
Durante el gobierno de Oliva ha habido otros desencuentros por la inclusión de esa religión en las actividades públicas.
En 2009, el gobernador inauguró junto con el arzobispo Martín Rábago el atrio de la iglesia del Expiatorio donde el gobierno estatal y el municipal de la capital, León, invirtieron casi 45 millones de pesos.
Los críticos de la obra argumentaron que la Ley de asociaciones religiosas, iglesias y culto público señala que el Estado no puede tener ninguna preferencia o privilegio sobre alguna religión.
Asimismo, a comienzos de 2008, se inició una investigación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato por el presunto pago con recursos públicos de la producción de una telenovela de la televisora católica Guadalupe Comunicaciones.
La secretaria de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Enoé Uranga, dijo este lunes que el anuncio es un "atentado a la Constitución".
"Creo que es una muestra clarísima de que los gobiernos de derecha están apostándole a trabajar fuera de las instituciones y fuera de la legalidad", dijo ante medios.
Dijo que el gobernador estaría abriendo la puerta para ser sujeto de un juicio político. "Va no sólo contra la política pública en términos de educación, sino contra las leyes a las que el gobernador es el primer obligado en respetar"
"Vemos a esta derecha que gobierna a partir de los edictos que dice la Biblia y no a partir del respeto a las leyes del Estado Mexicano", dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
