México responde a las Nobel de la Paz por los feminicidios en Chihuahua
El gobierno mexicano, a través de la cancillería, respondió al reclamo de las seis Nobel de la Paz por el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quienes también reclaman que se cumpla la sentencia de Campo Algodonero, un caso sobre la violación y muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez.
En un comunicado, con fecha de este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso que "si bien se reconoce que México enfrenta múltiples desafíos en materia de discriminación y violencia contra las mujeres, es fundamental reconocer que (… se) han venido impulsando cambios fundamentales para garantizar un efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas del país".
La Iniciativa de Mujeres Premios Nobel , conformada por Rigoberta Menchú, de Guatemala; Jody Williams, de Estados Unidos; Shirin Ebadi, de Irán; Mairead Maguire y Betty Williams, de Irlanda, y Wangari Maatahi, de Kenia, emitieron un comunicado el lunes 17 de enero para exigir al gobierno mexicano acciones contundentes para llevar a los responsables ante la justicia.
Las defensoras de derechos humanos dijeron que es alarmante que denunciar la discriminación por género "ponga en riesgo la integridad y la vida de las familias de las víctimas".
Casos mexicanos bajo observación internacional
En la carta que la cancillería mexicana envió al grupo de las Nobel de la Paz, aseguró que "México expresa su más enérgica condena al asesinato de la señora Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, Chihuahua".
Escobedo, asesinada el 16 de diciembre , tomó en sus manos la investigación para hallar y entregar a las autoridades al asesino confeso de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Otro de los asuntos que condena la iniciativa es el caso Campo Algodonero , una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declaró culpable al Estado mexicano por no garantizar la "vida, integridad y libertad" de ocho mujeres violadas y asesinadas en un campo de algodón en Ciudad Juárez, en 2001.
La Cancillería asegura que existe "el más firme compromiso de cumplir con la sentencia".
De acuerdo con la sentencia dictada, el gobierno mexicano debe cumplir con 15 disposiciones pero sólo ha hecho una, la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Otras dos están en proceso: la indemnización y la construcción de un memorial.
Chihuahua, el estado donde tuvieron lugar estos asesinatos, es el más violento de México, con más de 3,000 muertes sólo el año pasado por la acción del crimen organizado. En Ciudad Juárez se acumulan más de 500 muertes y desapariciones de mujeres desde 1993.
