Dos ex funcionarias arrestadas por el caso ABC, donde murieron 49 niños
Dos ex funcionarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo , capital del estado de Sonora, en el que murieron 49 menores y más de 100 resultaron heridos.
Irma Cresencia Díaz Gómez y Yadira Barrera, quienes eran coordinadoras de las guarderías concesionadas por el IMSS en la zona, fueron detenidas por fuerzas de seguridad y llevadas al Centro de Readaptación Social (Cereso) número uno en Hermosillo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.
Ambas ex funcionarias federales quedaron a disposición de un juez de distrito, de acuerdo con la dependencia.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha brindado más detalles sobre la detención.
Díaz Gómez ya había sido detenida en una ocasión. Entre el 21 de junio y el 23 de diciembre de 2009 permaneció aprehendida, hasta que obtuvo libertad condicional bajo fianza.
Hasta esta semana, la ex funcionaria y el ex director de protección civil local Roberto Copado habían sido los únicos detenidos por el caso. Copado también quedó libre en diciembre de 2009.
Tras el incendio, los padres de los menores afectados señalaron que la guardería carecía de condiciones mínimas de seguridad y exigieron al gobierno de México que castigara a todos los funcionarios involucrados.
Entre ellos, además de las detenidas, estaban el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, en cuya gestión fue avalado el estado de la guardería.
El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el caso. Y un informe del ministro Arturo Zaldívar determinó que en el incidente hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero el pleno rechazó ese dictamen y resolvió exonerar a Bours, Gándara, Horcasitas y Daniel Karam, actual director del IMSS, así como a otros 10 funcionarios .
Durante casi dos años, los padres de los menores afectados han exigido justicia a las autoridades mexicanas.
