Senadores opositores piden decreto de emergencia por el crimen organizado
Con el fin de evitar las muertes de civiles en los enfrentamientos entre las fuerzas federales e integrantes del crimen organizado, el gobierno debe emitir el decreto de emergencia para preservar los derechos de los ciudadanos, propuso la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.
El diputado Tomás Torres explicó que en varias acciones de las fuerzas armadas y federales ha muerto gente inocente, lo que "mina cualquier posibilidad de éxito en la estrategia emprendida, pues esa situación lleva al colapso institucional, que termina siendo sustituido por la ley del más fuerte".
El decreto que propone el PRD tiene como finalidad "preservar los derechos de los ciudadanos en las acciones y operativos del gobierno federal contra el crimen organizado".
Reglas más claras por la seguridad
Tomás Torres, diputado representante de Zacatecas, explicó que la propuesta obligaría a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas hacer públicos sus protocolos táctico-operativos, el cual podrá emitir observaciones a los mismos.
En el caso específico de retenes temporales, dijo Torres, se deberá contar con señalización de identificación y puntos de pre-revisión donde se informe a los ciudadanos, para evitar confusiones.
Además precisó que los retenes también deberán incluir cámaras de video y mecanismos de inmovilización de vehículos que no atiendan la revisión y elementos militares y policíacos debidamente capacitados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 65 casos de abusos cometidos por el Ejército desde 2007 , y 1,100 denuncias en los primeros seis meses del 2010, recuerda la organización.
Human Rights Watch aseguró en su informe sobre derechos humanos que las fuerzas de seguridad mexicanas, particularmente los soldados, cometieron buena parte de los abusos documentados a lo largo del año pasado.
En 2010 se registraron un total de 15,273 muertes presuntamente vinculadas con el crimen organizado , cifras de la base de datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada del gobierno federal.
Desde el inicio de la presidencia de Felipe Calderón se han contabilizado más de 34,000 muertes violentas.
