Un fiscal investiga si peritos de NL 'olvidaron' granada que hirió a niños
El caso de los tres niños heridos al estallar una granada de fragmentación en un parque de Monterrey ha tomado un nuevo giro: un fiscal investiga si peritos de la Procuraduría de Nuevo León actuaron con negligencia y abandonaron el explosivo en el lugar de juegos.
La Justicia indaga si los empleados no recogieron la granada que encontraron tres adolescentes y les estalló en las manos cuando la tocaron . Miguel Ignacio de Alba Piñeyro, Héctor de la Garza Torres e Israel Hernández Jacob, todos de 13 años, quedaron lesionados en varias partes del cuerpo.
De Alba Piñeyro registró heridas en el párpado derecho, otras más pequeñas en el abdomen y una fractura expuesta en los dedos, de acuerdo con un reporte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al que tuvo acceso CNNMéxico. Es más grave de los tres menores.
Hernández Jacob tuvo lesiones por esquirlas en su estómago; De la Garza Torres quedó con múltiples daños en la pierna.
El fiscal Alfredo Caleb Mata Sánchez, de la Agencia Investigadora Número 2 en Delitos en General, es el encargado del caso, informó el área de comunicación social del Ministerio Público de Nuevo León a CNNMéxico.
El Ministerio Público se reservó más detalles del caso, incluido el número de la averiguación previa, porque sigue en proceso de integración. Indicaron que Miguel Ignacio De Alba Piñeyro es el único de los tres adolescentes que no ha podido rendir su declaración porque sigue hospitalizado y muy grave de salud.
Sin embargo, la versión del Hospital Universitario de la Universidad Autonónoma de Nuevo León (UANL), que atendió a este menor, difiere de las autoridades ministeriales: el área de Relaciones Públicas aseguró a CNNMéxico que De Alba Piñeyro fue dado de alta el mediodía del pasado 28 de enero, cinco días después del siniestro.
El artefacto estalló el pasado 23 de enero en el parque La Cañada, en Monterrey, la capital de Nuevo León, una de las entidades del norte del país más afectadas en los últimos meses por choques entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad mexicanas.
Una noche antes del estallido, hubo un enfrentamiento entre militares y supuestos delincuentes. Y es por eso que ahora un fiscal investiga si los peritos encargados de examinar la escena del tiroteo y de recabar las pruebas, olvidaron llevarse la granada.
El descuido
El informe de la Agencia Estatal Investigadora indica que a las 09:58 horas de aquel día llegó el reporte de la explosión: en la escena del crimen los peritos identificaron rastros de la granada que "al parecer era de calibre 40 milímetros".
Encontraron de 75 a 80 casquillos percutidos de las armas de alto calibre AR-15 y AK-47, además de restos óseos y fragmentos metálicos y de dentadura.
La investigación continúa en Derechos Humanos
Mientras las autoridades ministeriales buscan a los responsables, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) también investiga si los peritos de la Procuraduría actuaron con negligencia.
El organismo ha entrevistado a víctimas directas y a los vecinos. La queja de oficio 013/2011 está a cargo del segundo visitador José Sebastián Macías. Y, de acuerdo con la directora jurídica de la CEDHNL, Sylvia Guadalupe Puente Aguilar, el organismo solicitó un informe a la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría.
Puente Aguilar dijo que darán más pistas para determinar si hubo negligencia y responsabilidad de los funcionarios que formaban parte del equipo de peritos que una noche antes de la explosión recabaron evidencias en el parque La Cañada.
"(Los peritos) narrarán por sí mismos su participación y de esa manera podremos contar con elementos si más adelante existe esta plena responsabilidad y hasta qué grado, y si es oportuno y justificado emitir una petición", dijo a CNNMéxico.
Para respetar el derecho de audiencia que otorga el organismo, los peritos serían convocados a declarar ante la visitaduría.
La queja de oficio de la CEDHNL se abrió el día en que los niños resultaron afectados y el organismo envió la solicitud para que en cinco días hábiles la procuraduría mandara su informe.
En este caso, sugiere la funcionaria, los daños que se podrían resarcir a las víctimas son los gastos médicos, una compensación económica porque el evento afectó el curso de sus estudios, una disculpa de parte de los responsables y un compromiso de la autoridad señalada de no repetición del daño.
De acuerdo con el procedimiento de la CEDHNL, el visitador redactará un proyecto y lo someterá a aprobación de la presidenta del organismo, quien emitirá una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad.
Según cifras preliminares del informe de 2010 de la CEDHNL, la Agencia Especial de Investigaciones de la Procuraduría, dependencia en la que están adscritos los peritos, es la entidad estatal que más quejas recibió a lo largo del año, con 69.
Puente Aguilar explica que la mayoría de estas quejas se debe a que las autoridades de procuración de justicia no respetan un formalismo: cuando se levantan declaraciones de presuntos responsables o personas sujetas a una investigación, las autoridades no señalan la fecha y hora precisa de estos encuentros.
"Esto pone en juego el respeto de términos constitucionalmente señalados para señalar o confirmar si una detención es legal o se excede en su término y, por lo tanto, hablamos de una retención arbitraria", expresó.
