Indígenas pro-zapatistas denuncian despojo y tortura en Chiapas
Al menos 10 indígenas tzeltales simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron encarcelados en medio de una disputa por la posesión del centro turístico Cascadas de Agua Azul , uno de los patrimonios naturales más ricos de México, ubicado al norte de Chiapas, cerca de las ruinas de Palenque.
Entre los presos hay un menor y un joven con problemas de deficiencia mental, asegura el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fundado por el obispo Samuel Ruiz , recientemente fallecido.
Los 10 indígenas fueron despojados y apresados el pasado 2 de febrero, junto con más de 100 compañeros. Los persiguieron y los criminalizaron, denuncia el centro humanitario.
Ese 2 de febrero, simpatizantes del EZLN agrupados en La Otra Campaña, denunciaron que los despojaron de la caseta de cobro ubicada a la entrada del centro turístico Cascadas de Agua Azul y acusaron a un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los integrantes de La Otra Campaña administran el centro turístico desde hace dos años, pero algunos militantes priistas que habitan el poblado Agua Azul consideran que les pertenece por haber trabajado en el lugar como peones acasillados (el patrón solo paga con alimento y casa), cuando el lugar estaba en posesión de un terrateniente, antes de 1994.
Los pro-zapatistas también reclaman la posesión. Argumentan que ellos son los habitantes originales del lugar y que gracias al alzamiento armado han recuperado la zona. Esta área también es codiciada por empresarios y gobiernos por su potencial turístico en Chiapas, afirma el Frayba en un documento.
Tras el despojo, el 2 de febrero, los indígenas intentaron recuperar el lugar y esto devino un enfrentamiento: un priista muerto y otro quedó herido. No es el primer incidente de este tipo. En febrero de 2010 ambos grupos se confrontaron y hubo varios indígenas heridos y uno muerto.
En el caso más reciente, al menos 500 policías y militares acudieron a Cascadas de Agua Azul: detuvieron a 116 indígenas pro-zapatistas y los llevaron ante el Ministerio Público.
Recién el 5 de febrero, la Procuraduría chiapaneca informó de las 10 detenciones. A cinco los acusan de disparar armas de fuego y a los otros cinco de portar machetes, palos y piedras. Las autoridades sostienen que éstos incitaron el choque con los priistas y los agredieron.
La Procuraduría señala que utilizaron armas calibre 22 y .223 o R15, de uso exclusivo del Ejército.
Los 10 enfrentan delitos de homicidio (por la muerte de Adolfo Moreno Estrada), privación ilegal de la libertad porque en la trifulca 17 turistas quedaron atrapados en el centro turístico; ataques a las vías de comunicación, daños y por herir a Tomás Pérez Deara.
El Centro de Derechos Humanos pide que los liberen
El Frayba acudió a Cascadas de Agua Azul para documentar los hechos. Encontró que fueron "detenidos arbitrariamente" 117 adherentes a La Otra Campaña, que no hubo extranjeros en el medio, y que nunca hubo un bloqueo carretero.
Los indígenas detenidos contaron que los policías estatales llegaron de sopresa, lanzaron gases lacrimógenos y los amenazaron, y que funcionarios de procuración de justicia los hostigaron y los torturaron con palabras como "meternos una bolsa con agua en la cabeza y sacarnos los testículos".
El centro humanitario afirma que los indígenas, que hablan el dialecto tzeltal, no tuvieron un traductor para poder narrar su versión.
El objetivo del gobierno es intervenir y "administrar" el conflicto entre los dos grupos que se disputan la posesión del centro turístico y las reservas ecológicas aledañas, debido al "interés territorial estratégico para inversión turística y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar", dijeron los detenidos en el penal del municipio Playas de Catazajá.
"Es clara la acción represiva del gobierno del estado de Chiapas, el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priistas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de La Otra Campaña, acción en la que se han provocado hechos de violencia por el interés del territorio en la región".
Condena las acciones del gobierno estatal porque considera que se se persiguió y criminalizó a los adherentes de La Otra Campaña: "Estos últimos quienes fueron agredidos y despojados", reclama el centro humanitario.
