Indígenas exigen justicia al Estado por violación a manos de militares
Valentina Rosendo e Inés Fernández han esperado cuatro meses para que el Estado mexicano reconozca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre su responsabilidad en la violación sexual de la fueron víctimas a manos de militares. Hasta la fecha, todavía no otienen respuesta.
En un documento firmado por cinco mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, intelectuales y 90 organizaciones de 23 países, las dos mujeres indígenas me'phaa (tlapaneca) denuncian la nula voluntad del gobierno mexicano para cumplir con la sentencia y por ende, devolverles la dignidad.
"La respuesta del Estado muestra cuál es la situación real de acceso a la justicia para mujeres indígenas en México. Estos casos muestran la falta de control civil sobre las fuerzas armadas y las violaciones a derechos humanos que se comenten cuando el Ejército realiza labores que no le competen", dijo Santiago Aguirre, abogado de Valentina e Inés.
La carta dirigida al presidente Felipe Calderón es una respuesta de las dos mujeres indígenas y de organizaciones civiles ante la escasez de "señales claras" en el cumplimiento de la sentencia.
"Debe haber un acto de reconocimiento público donde el Estado pida perdón a las compañeras que fueron víctimas de abuso. Este es un asunto de dignidad. El rechazo a cumplir la sentencia muestra que hay un desprecio real a las mujeres, que desconfían de la palabra de las víctimas (…)", dijo Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa.
Los indígenas me'phaa son un grupo tlapaneca que habita entre el sur de la Sierra Madre y la costa de Guerrero.
El 1 de octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por las violaciones y exigió que las investigaciones se turnaran a un tribunal del fuero civil.
Las dos sentencias contra México, además de reconocer la responsabilidad de militares en los ataques sexuales contra Inés y Valentina , señalan que se violó la integridad personal y las garantías judiciales de ambas al no haber una investigación adecuada sobre sus casos.
También se ordenó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares se investigarán en la jurisdicción militar .
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncia que en cuatro meses no ha habido ningún avance por parte del Estado mexicano para que la investigación esté en el fuero civil o para la instalación de mesas de trabajo que den cumplimiento a las sentencias.
"El trabajo con la Secretaría de Gobernación no debe implicar ninguna negociación, sino el fallo sobre el cumplimiento de la sentencia vinculante, no hay nada que discutir, pero ni siquiera ha habido una instalación formal de los trabajos", explicó Aguirre.
En febrero de 2002, cuando Valentina tenía 17 años, un grupo de militares la rodearon para preguntarle sobre la ubicación de supuestos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla establecida en Guerrero desde 1996.
Ella cuenta que al no recibir respuesta, los militares se turnaron para violarla. Un mes después, Inés vivió una situación similar cuando no pudo entender unas preguntas hechas por militares.
"Son dos mujeres de los municipios más pobres del país que han sufrido violencia por parte del estado y que siempre estuvieron ante la amenaza sistemática del ejército. No hay compromiso (del Estado mexicano) hacia ellas y a la atención clara hacia la sentencia. Hay desprecio, desatención, falta de compromiso. No hay señales claras de que a Inés y a Valentina se les dará justicia", dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entre los firmantes del documento que exige atención del Estado mexicano a las sentencias de la CoIDH se encuentran las premio nobel de la Paz Betty Williams y Mairead Corrigan (1976), Jody william (1997), Wangari Maathai (2004) y Rigoberta Menchú (1992).