Periodistas mexicanos no tienen más opción que ejercer la autocensura
Los periodistas no tienen más remedio que ejercer la autocensura. La lucha frontal contra los grupos del crimen organizado hace imposible informar en buena parte del territorio de asuntos como la delincuencia y la corrupción.
La única opción de algunos reporteros es evitar cualquier dato sobre algunos delitos, desde tiroteos en las calles, hasta la corrupción municipal, denunció este lunes el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), organización internacional independiente sin ánimo de lucro fundada en 1981 contra los abusos a la prensa y por la libertad de expresión.
En su último informe sobre Ataques a la prensa 2010 , el organismo asegura que mientras América Latina está regresando a prácticas de censura, el caso de México es particular porque son los mismos periodistas los que deciden callar pensando en su seguridad.
"Una autocensura generalizada ha sido la devastadora consecuencia de la violencia letal ejercida por los cárteles de la droga y por los grupos criminales", asegura Carlos Lauría, coordinador senior del programa de América CPJ.
El último informe sobre la libertad para ejercer el periodismo en México indica que diversos asesinatos, desapariciones, ataques con bomba y amenazas a comunicadores y medios han provocado que en el país no se ejerza el periodismo de investigación, pero tampoco la "cobertura informativa básica sobre el crimen".
La versión del que ordena
"En zonas donde grupos de narcotraficantes rivales se disputan territorio, los periodistas se han visto obligados a escribir lo que los criminales ordenan o simplemente han dejado de informar", asegura Lauría.
Según el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización Artículo 19, en 2009 hubo al menos 244 ataques a la libertad de expresión.
"En ese año se registraron 11 homicidios de periodistas. El 70% de estos asesinatos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima", señala el último reporte de esas organizaciones.
El caso más emblemático de la autocensura de periodistas en México es el estado norteño de Tamaulipas, en donde el cártel del Golfo "ordena qué se puede informar y qué no", según el CPJ.
"La sangrienta guerra entre narcotraficantes siguió durante meses, pero los medios ignoraron los hechos por temor. El cártel controló casi todos los aspectos del gobierno de la ciudad, señalaron periodistas al CPJ, pero los periódicos no pudieron informar sobre esto a sus lectores".
En agosto de 2010, de visita por México, la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), Catalina Botero, consideró que la situación de los periodistas mexicanos es particularmente "preocupante ".
"(Hay) una crisis de protección a periodistas a todas luces grave, ni siquiera hay informes sobre los procesos judiciales que se iniciaron y siguen para perseguir y castigar esas agresiones", concluyó Botero tras diversas reuniones con legisladores y secretarios de estado mexicanos.
La vuelta de la censura a América Latina
La censura en la región alcanzó "uno de sus puntos más altos desde el proceso de democratización regional 30 años atrás", según el CPJ.
El reporte cita el caso de Venezuela, donde en agosto, se prohibió que los medios locales publicaran imágenes de crímenes violentos cuando el gobierno acusó de que se exageraba el problema de inseguridad para generar "zozobra" en la población. La orden se dio semanas antes de las elecciones legislativas.
En Ecuador, hace casi cinco meses, el presidente Rafael Correa ordenó que las estaciones de radio y de televisión interrumpieran su programación para transmitir exclusivamente la señal de los canales estatales. Los hechos se dieron durante una rebelión policial en la que el mandatario acusó un intento de golpe de estado .
La primera semana de octubre, los diarios nacionales de Bolivia circularon con la primera plana en blanco en la que destacaba un sólo mensaje: "No hay democracia sin libertad de expresión".
La decisión de los periódicos bolivianos se basó en la resolución del presidente Evo Morales de mantener en su proyecto de ley contra el racismo que sancionan a medios y periodistas que publiquen artículos que el gobierno califique como discriminatorios.
El Comité asegura que en Latinoamérica no se han promovido las reformas judiciales y legales necesarias para proteger la libertad de prensa.
"Sistemas judiciales disfuncionales no han logrado enjuiciar a los responsables de ataques contra la prensa, creando un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia".
