México cree que Francia puede exonerar a Cassez si la extradita
La extradición de Florence Cassez de México a Francia implica el riesgo de que el gobierno francés, "de manera absolutamente injustificada", decida reducir o anular la condena de 60 años de prisión que pesa sobre la ciudadana francesa por el delito de secuestro, afirma el gobierno mexicano.
En un comunicado, la Cancillería mexicana explica por qué el gobierno se niega a extraditar a Cassez.
Señala que en marzo de 2009 ambos gobiernos establecieron una comisión binacional de juristas para estudiar los tratados de extradición de Estrasburgo, a los que recurre Francia para exigir a México que la extradite a su territorio.
Cassez, de 36 años, fue detenida en 2005 en México acusada de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco. Un juez la encontró culpable y la sentenció a 60 años de prisión, y desde entonces Francia pide su extradición bajo el argumento de que así podrá purgar la condena en su país.
La semana pasada, un tribunal ratificó la sentencia contra Cassez, lo que causó la molestia de Francia y activó una nueva cruzada diplomática encabezada por el presidente Nicolas Sarkozy para negociar con su homólogo mexicano, Felipe Calderón, el traslado de su compatriota a territorio francés.
De acuerdo con la Cancillería mexicana, al concluir el análisis de la comisión binacional, en junio de 2009, México determinó que "no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de Florence Cassez a Francia".
La principal razón que expone México para sustentar esa decisión es la interpretación que Francia hace de los tratados de Estrasburgo.
Según México, las "declaraciones interpretativas" del gobierno francés a esa norma "prevén que, en caso de que Florence Cassez fuera trasladada a su país de origen, su condena quedaría sujeta a las decisiones de las autoridades judiciales francesas en cuanto a las modalidades de su ejecución, incluida la suspensión y reducción de la misma".
"La minuciosa revisión de este caso llevó a una conclusión irrefutable: consentir a su traslado significaría autorizar que otro Estado, de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena a la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora", afirma la Cancillería mexicana.
"Para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena de 60 años de prisión, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios preliberatorios y reducción de sentencias", agrega.
México, además, sostiene que nunca prometió al gobierno francés que extraditaría a Cassez, sino que permitiría "explorar la aplicabilidad" los tratados de Estrasburgo.
Mientras Cassez, su familia y partidarios dicen que es inocente y que fue detenida como parte de un montaje de autoridades mexicanas, el gobierno de México asegura que fue juzgada con apego a los derechos humanos.
El caso ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, que pueden derivar en la cancelación del Año de México en Francia , un conjunto de actividades artísticas y culturales programadas para 2011 en territorio francés.
Este jueves, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería mexicana, Lourdes Aranda, dijo que el conflicto bilateral "llegará hasta donde el gobierno francés desee que llegue" .
