El ex zar antidrogas mexicano pasa de un penal de Nayarit a uno de Chiapas
Mariano Francisco Herrán Salvatti, ex zar antidrogas del gobierno de México y ex fiscal general de Justicia del Chiapas, fue trasladado del penal de máxima seguridad de El Rincón, Nayarit, al reclusorio El Amate, en el municipio de Cintalapa, en esta entidad.
El ex funcionario ganó un amparo para enfrentar en Chiapas los procesos penales que se le siguen desde enero de 2009, cuando fue aprehendido.
Herrán Salvatti está acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y homicidio calificado, según un comunicado del gobierno de Chiapas, quien desplegó un operativo policiaco para recibir al ex funcionario y trasladarlo al penal, donde había sido originalmente recluido luego de su detención.
El detenido fue titular de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Posteriormente, fue encargado del aparato estatal de impartición de justicia durante el mandato de Salazar Mendiguchía, primero como procurador y luego como fiscal general. Mariano Herrán siguió al frente de la Fiscalía General de Justicia del estado en el gobierno de Juan Sabines, hasta el 31 de octubre de 2007, cuando esta dependencia desapareció y se creó el Ministerio de Justicia.
Herrán Salvatti fue nombrado secretario de Economía el 31 de octubre de 2007 y ocupó ese cargo hasta el 5 de junio de 2008.
El 24 de enero de 2009, lo aprendieron, acusado de los delitos de asociación delictuosa, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio del estado y la sociedad, presuntamente cometidos durante su periodo como secretario de Economía.
Luego le fincaron otros nueve procesos penales, entre ellos el homicidio de Miguel Ángel Rodríguez Cruz, El Bronco, un presunto secuestrador que al decir del gobierno de Chiapas, fue ejecutado en agosto de 2001, luego de haber sido aprehendido.
La mayor parte de las investigaciones en su contra se derivan de irregularidades detectadas en el manejo de recursos al frente de la entonces Fiscalía General del Estado y de la Secretaria de Economía, el quebranto asciende a un total de 538 millones de pesos, informó la Procuraduría estatal en un comunicado.