Un hombre de Nuevo León acusa a la Marina de colocar droga en su domicilio
José Lopez, como pide que lo llamen, dejó de confiar en la Secretaría de Marina cuando fue acusado de un delito que niega haber cometido.
Al filo de las 2:30 de la madrugada del pasado 7 de agosto, López salió de una cena familiar en casa de su hijo, rumbo a su domicilio, en el municipio de Guadalupe, en el norteño estado de Nuevo León.
En la calle que comunica con su vivienda, miembros del cuerpo de Marina habían instalado un retén de seguridad . Los oficiales le marcaron el alto y le indicaron que se retirara. Confuso y temeroso, regresó con su esposa a dormir a casa de su hijo, y a eso de las 6:30 de la mañana volvió a su domicilio.
La primera sorpresa al llegar a casa fue ver destrozada la cadena que mantenía cerrado el portón; las puertas estaban abiertas y tenían hojas blancas pegadas con la leyenda "Inmueble asegurado". Aparentemente, los marinos habían entrado.
Al echar un vistazo en el interior, observó que pertenencias familiares estaban dispersas por el suelo, había ventanas destrozadas y muebles tirados.
López acudió con un juez que vive en el mismo barrio, quien le aconsejó dirigirse a la agencia 1 de la Procuraduría General de la República (PGR), localizada en el municipio de Escobedo.
Ahí le informaron que la fiscalía federal había abierto la averiguación previa número AP/PGR/NL/ESC-1/1725/D/2010 en su contra, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga.
Sin comprender todavía por qué se le acusaba, pidió más información de su caso y las autoridades le comunicaron que la Marina había encontrado en su casa 50 dosis de cocaína. Él dice que se las sembraron o colocaron en su domicilio.
"Pienso que se escudan con el uniforme. Si eso nos hicieron ellos, ¿otras personas qué nos podrán hacer?", narró en entrevista con CNNMéxico.
Hasta las 10:00 horas de este martes, CNNMéxico trató de contactar al área de comunicación social de la Secretaría de la Marina para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta.
Desde 2007, los delitos contra la salud ocupan el primer lugar en incidencia delictiva en México. La modalidad más recurrente es la posesión de drogas, con 39,180 registrados el año pasado o un 36% del índice nacional, según estadísticas de la PGR.
El mismo organismo registró en Nuevo León tendencias similares con 1,456 faltas en esta modalidad, que representan el 32% del índice estatal, por encima de las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y los delitos partimoniales, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Presunto culpable
Las autoridades de la PGR dijeron a López que podía regresar a su casa porque todavía no giraban orden de aprehensión en su contra. Fue entonces que se dio cuenta de la magnitud del cateo: además de los destrozos en los accesos, sustrajeron aparatos de grabación y reproducción de video, las cámaras del circuito cerrado que había instalado en la entrada, ropa y zapatos, televisiones, estéreos y 1,119 pesos en efectivo.
En la averiguación previa a la que tuvo acceso CNNMéxico, la unidad de la Marina que cateó la vivienda explica que en la madrugada de aquel 7 de agosto, realizaron un operativo sin detenidos en una casa de seguridad en la colonia Casa Blanca, ubicada cerca de la vivienda del acusado, donde fueron liberadas 12 personas que estaban secuestradas.
En el expediente ministerial, se asienta que después del operativo presuntamente observaron a una persona armada en el interior de la casa de López, a quien persiguieron sin poder darle alcance. El documento indica que durante la persecución los marinos encontraron la droga en el domicilio y promovieron la averiguación.
Además de ser empleado en una empresa de pinturas, López produce videos de eventos sociales durante los fines de semana, pero esos ingresos se interrumpieron desde que se llevaron todo su equipo de grabación, según cuenta el acusado.
"Nos quedamos impresionados de los actos de los agentes federales que nos vienen a cuidar (...) Fue un patrimonio que se vino abajo en cuestión de horas", dice.
Para rendir su declaración ministerial ante la PGR, López necesitaba de un abogado, así que acudió a Institución Renace, una organización local que brinda asesoría jurídica gratuita, para que le asignaran uno.
Ese organismo documentó y brindó asesoría jurídica en 41 casos el año pasado, de los cuales 29 fueron por presunción de inocencia y 12 de injusticia, de acuerdo con un reporte proporcionado a CNNMéxico por la organización con sede en Monterrey, la capital del estado.
De la totalidad de estos casos, 12 concluyeron favorablemente para los ciudadanos, uno se dio de baja y 28 pasaron para su análisis en 2011.
La organización está auspiciada por el Open Society-Justice Iniciative, la Comunidad Europea, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la fundación William y Flora Hewlett, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), entre otros.
Tiene múltiples estudios sobre los costos económicos y sociales del uso excesivo de la prisión preventiva en Nuevo León y México, así como publicaciones de la reforma del sistema de justicia penal en el país.
Quejas contra la Marina
La Secretaría de la Marina ocupó el tercer lugar como la autoridad federal con mayores acusaciones en Nuevo León durante el año pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos, por debajo del Ejército y el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con cifras preliminares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).
López interpuso una queja contra la Marina ante la CEDHNL el 9 de agosto de 2010 por allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, y robo de pertenencias y dinero, según la versión pública del expediente 0320/2010, en poder de CNNMéxico.
Esta queja fue una de las 13 que se presentaron contra la misma dependencia durante 2010 ante el organismo estatal y que por cuestiones de competencia se remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde todavía está pendiente la resolución del caso.
Las recomendaciones emitidas por la CNDH a la Marina se multiplicaron en dos años. En 2009 recibió sólo una, mientras que en 2010 tuvo 6, ubicándola en el histórico quinto lugar, por debajo del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
El año pasado, durante su investigación en Nuevo León, Human Rights Watch (HRW) detectó que se privilegia la protección de los militares sobre los civiles que han sido víctimas de las fuerzas de seguridad.
El 3 de febrero, la organización humanitaria internacional informó en un comunicado que estas autoridades estuvieron involucradas en los asesinatos de al menos ocho personas y la desaparición de otras 10 en el estado durante el año pasado.
El investigador para México de HRW, Nik Steinberg, dijo a CNNMéxico que en las conclusiones preliminares del estudio detectaron que se han incrementado en este sexenio las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Marina, el Ejército y las policías contra civiles, como el de López.
"(Se documentaron) casos de allanamiento de morada como éste, así como torturas, ejecuciones y otros abusos graves. Cuando las autoridades no se comprometen a realizar verdaderas investigaciones, las fuerzas de seguridad se acostumbran a actuar con impunidad y alejan a los mismos ciudadanos que deben proteger", recalcó.
