El trasfondo de la demanda contra el documental 'Presunto culpable'
Detrás de la demanda de amparo presentada contra la exhibición comercial del documental Presunto culpable hay una intención todavía desconocida, advirtió Rafael Heredia, abogado del ex reo protagonista de la historia, José Antonio Zúñiga Rodríguez.
El defensor aseguró que Víctor Manuel Reyes Bravo no se opuso a ser filmado durante las audiencias del juicio contra Zúñiga Rodríguez en las que atestiguó; sin embargo, ahora reclama que su testimonio se use comercialmente sin su consentimiento.
"Trae un trasfondo, pero desgraciadamente ignoro quien está detrás de él; para mi es un atentado en contra de la libertad de expresión, de que el pueblo de México se entere de que un sistema está mal", expresó Heredia en entrevista con CNNMéxico.
Reyes Bravo promovió el lunes un amparo ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal contra la autorización dada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) para la exhibición del documental en salas de cine.
La jueza Blanca Lobo Domínguez otorgó el miércoles una suspensión provisional al aval de RTC ante el reclamo del joven, quien es primo de la víctima de un homicidio cometido en 2005 del que fue acusado Zúñiga Rodríguez.
"Desde mi punto de vista no (tiene razón el quejoso), porque su momento creo ya pasó, él se pudo haber opuesto a que lo filmaran cuando estuvo en el juzgado, pero jamás le dijo al juez 'oiga yo no quiero ser filmado', entonces consintió el acto”, explicó Heredia.
Presunto culpable se estrenó el 18 de febrero en 130 cines de seis ciudades del país y, según su producción, alcanzó 128,000 espectadores en los primeros tres días.
El documental retrata el caso de Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de deficiencias en el sistema penal mexicano , al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente ser exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor del asesinato, que aún no se esclarece.
Heredia indicó que la suspensión provisional es una decisión judicial normal en tanto Lobo Domínguez conoce por completo del caso.
La autorización es legal: Segob
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, de quien depende Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, aseveró que no existen elementos para la suspensión de la autorización de la exhibición del documental.
En entrevista con CNNMéxico, el funcionario federal afirmó que RTC dio su aval a la empresa Cinépolis para que distribuyera Presunto culpable porque cumplió con la norma.
“Cumplió absolutamente con todos los requisitos que señala la ley para efectos de procedimiento administrativo, y sostenemos que la autorización se dio con absoluto apego a la legalidad”, señaló.
El subsecretario expuso que si una persona siente que ha sufrido daño moral con el documental, o en general con una película o publicación, puede proceder en su contra mediante un juicio civil o inclusive penal.
Reyes Bravo, quien primero atestiguó contra Zúñiga Rodríguez y después se desdijo, alega también que el documental afecta su privacidad y ha causado perjuicios a su vida personal.
“Sin embargo, en relación con el acto del otorgamiento de esa autorización nosotros consideramos que no hay fundamento para conceder una suspensión, y vamos a defender la legalidad de esa autorización y con ello a defender que la película se siga exhibiendo en las salas”, dijo Villarreal.
El funcionario federal manifestó que respetan al Poder Judicial, pero confían en que tienen los argumentos para que no prospere el juicio. Por ahora se analiza la ruta legal y no se puede especular si se suspenderá la exhibición del documental, dijo.
Villarreal agregó que no tiene registros de que la cancelación de la proyección de una película en el país por una orden judicial.
También respaldó que sectores de la sociedad muestren molestia por lo que consideran una agresión a la libertad de expresión, tras enfatizar que el Gobierno federal no censura Presunto culpable o cualquier otra película o publicación.
“No hay ninguna intención (de censura), y no solamente no la hay si no que hay la convicción de que vamos a combatir cualquier agresión o cualquier intento o posibilidad de que se vulnere la libertad de expresión”, sostuvo.
Desproporción judicial que “raya en censura”
La decisión de la jueza Blanca Lobo Domínguez es una medida desproporcionada que se puede calificar como censura, afirmó Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM.
“El hecho mismo de que interrumpa al momento de la notificación la posibilidad de transmitir la película en el circuito comercial es una afectación de la libertad de expresión y la libertad de empresa, y en ese sentido resulta violatoria de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales”, advirtió Carbonell.
En entrevista con CNNMéxico, Carbonell explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en una jurisprudencia que las responsabilidades por actos de expresión deben dirimirse con posterioridad y no limitar su difusión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene dos jurisprudencias que prohíben la censura previa porque la demanda debe llevarse por la vía de un juicio civil para pelear una indemnización económica, abundó el especialista en derecho constitucional.
“Hay un elemento anterior que debería haber inclinado la balanza en la mente de la jueza hacia otra decisión, que es el hecho que la película, al momento de dictar el auto de suspensión, ya había sido vista por medio millón de personas, con lo cual no es que se creara un daño inminente en la privacidad y en la honra de este sujeto.
“El daño ya se había realizado, por eso es que no procedía suspender la exhibición, sino en su caso exigir por la vía civil la responsabilidad económica”, dijo Carbonell.
