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‘Rápido y furioso’: EU dice que avisó a México; PGR desconoce operativos

La embajada de EU dice que informó a funcionarios mexicanos del operativo; PGR desconoce de alguna acción que permitiera el tráfico de armas
jue 10 marzo 2011 11:19 PM
eric holder
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Los gobiernos de México y Estados Unidos intentaron este jueves controlar los daños causados por las revelaciones de agentes estadounidenses en torno a la operación Rápido y Furioso, según las cuales Washington permitió el tráfico de armas hacia territorio mexicano para detectar bandas de contrabandistas.

Durante una audiencia en el Senado, el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, reconoció la existencia del operativo, aunque negó que éste incluyera la orden de dejar pasar armamento hacia México.

“Dejar ‘caminar’ las armas no es algo que sea aceptable”, dijo Holder , quien admitió que agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) han expresado “preocupaciones” sobre la forma en la que fue llevada la estrategia.

El Departamento de Justicia, del que Holder es titular, inició una investigación de las presuntas irregularidades en la ejecución de Rápido y Furioso.

La embajada de Estados Unidos en México señaló el jueves en un comunicado que Washington “ha dejado claro” que ningún funcionario “debe permitir que las armas crucen ilegalmente la frontera”.

La representación diplomática calificó la operación de “exitosa” pues con ella se logró desmantelar una banda de traficantes de armamento, así como establecer acusaciones contra 20 sospechosos de contrabandear armas a México desde Arizona, en el sur de EU.

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“Oficiales de procuración de justicia estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando, según se ponían en práctica las operaciones en Estados Unidos”, señaló la embajada.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República mexicana (PGR) señaló que la decisión del Departamento de Justicia de investigar el caso “refleja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos países y a los principios de cooperación mutuamente acordados”.

“El gobierno de México seguirá este proceso con especial atención y ha solicitado formalmente información detallada el gobierno de Estados Unidos”, señaló la PGR en un comunicado. “Desde que se tuvo conocimiento de las afirmaciones expuestas en medios, la PGR inició la investigación correspondiente”.

“En casos asociados a este operativo, la coordinación sostenida fue para el desahogo de diligencias, sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a sus interrogatorios. El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano”, agregó.

“Se entiende que Estados Unidos no autorizó el trasiego intencional y controlado de armas a territorio nacional como parte de este operativo”, sostuvo.

Las primeras revelaciones

El operativo Rápido y furioso fue dado a conocer la semana pasada por un agente federal de la ATF, John Dodson, quien dijo a la cadena estadounidense CBS News que él y sus compañeros recibieron órdenes de dejar pasar armamento a territorio mexicano .

La cadena publicó más adelante que fuentes confidenciales y documentos indican que esa estrategia habría comenzado desde 2008 e implicaría que miles de armas llegaron ilegalmente a México.

Otros agentes dijeron al diario estadounidense Los Angeles Times que los funcionarios de ese país carecen de los recursos para frenar el flujo de armamento y dinero en efectivo a través de su frontera .

México constantemente ha exigido a Estados Unidos tomar las medidas necesarias para detener el tráfico, pues de él se nutren los grupos del crimen organizado a los que combate el gobierno, en especial los cárteles del narcotráfico.

Recientemente, el presidente estadounidense, Barack Obama, señaló que parar el flujo de armamento es una “tarea desafiante” pero que puede ejecutarse, a fin de apoyar la lucha anticrimen encabezada por su homólogo mexicano, Felipe Calderón.

Ambos gobiernos consideran que los grupos delictivos que operan en México son un problema común.

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