Migrantes centroamericanas padecen explotación sexual en Chiapas
Gabriela, originaria de San Pedro Sula, Honduras, tiene 17 años y un hijo. Llegó a Chiapas hace seis meses y ha sido obligada a prostituirse en almenos cuatro bares locales.
En febrero pasado logró contactar con unos hondureños que llegaron al municipio chiapaneco Frontera Comalapa, ubicado a unos 60 kilómetros de Guatemala, donde se concentran cientos de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Les pidió ayuda para escapar.
Los hombres no se atrevieron a intervenir directamente, pero a través de una llamada anónima dieron aviso al consulado de su país.
Dos semanas después de la denuncia, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las procuradurías de Chiapas y General de la República (PGR), rescataron a seis hondureñas que eran explotadas sexualmente , todas menores de edad.
"En (el bar) Los Delfines hay otras 2 (mujeres) menores de edad, en La Cava 3, en El Rodeo 5 y en La Botana 3. Las demás que están ahí ya tienen 19 años", explicó Gabriela ante un oficial del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevintra), a donde fue llevada para tratar de identificar los líderes de la banda de traficantes de personas que la secuestraron.
La historia de cómo llegó Gabriela a Chiapas es semejante a la que narran sus otras dos compañeras: "Llegó una mujer a mi pueblo y dijo que había trabajo en un restaurante en Chiapas, que ahí podía trabajar para juntar lo de mi pasaje para poder llegar hasta Estados Unidos".
La joven dice que es madre de un niño de dos años, que en su lugar de origen no hay fuentes de trabajo y la única opción que vio para sacarlo de la pobreza fue aceptar la oferta. "Vine porque mi niño estaba enfermo y no tenía que darle. Solo le daba harina de arroz".
"Nos venimos dos muchachas. Para cruzar los retenes, las personas que nos trajeron sólo les daban a la policía 300 pesos para dejarnos pasar. Cuando llegamos al supuesto restaurante ya no nos dejaron salir. De ahí ya nos llevaban de un lugar a otro", explica.
Durante el Congreso Internacional Género y Migración realizado en la ciudad de Tapachula, Chiapas el pasado 9 de marzo, la cónsul de Honduras en Chiapas, Patricia Villamil Perdomo, dio detalles sobre las redes de traficantes internacionales de personas en Chiapas.
Dijo que hombres y mujeres participan de esta actividad como 'enganchadores' de mujeres , menores de edad y adultas. Un número no determinado de ellas son obligadas a prostituirse en los municipios de de Comitán, Huixtla, Chicomuselo, Motozitla y Frontera Comalapa, todos fronterizos con Guatemala.
Villamil Perdomo dijo que no hay suficiente apoyo de las autoridades para desactivar estas bandas, aún cuando tienen detectados los lugares donde operan y los centros donde son llevadas.
Este lunes se tenía previsto que cónsules centroamericanos se reunieran con el Procurador y el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, para acordar medidas de prevención que ayuden a disminuir el tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual.
El 4 de marzo pasado, el Procurador de Justicia estatal, Raciel López Salazar, explicó que en los últimos cuatro años en esta entidad se han desarticulado en esta entidad 23 bandas dedicadas a la trata de personas. Sin precisar cifras, el funcionario dijo que durante estas acciones se han detenido a servidores públicos municipales y estatales involucrados en este ilícito.
El Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas elaborado por Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social ubica a Chiapas entre las cinco entidades con mayor número de personas víctimas de trata o explotación.
Los otros estados son Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Guanajuato. No hay cifras concretas respecto al número de personas afectadas.
Gracias a la información de los testimonios fueron localizadas y liberadas otras 10 mujeres, entre ellas dos menores de edad.
La Procuraduría estatal detuvo a 53 personas, entre hombres y mujeres, que podrían estar relacionadas con el delito de trata de personas en los municipios de Frontera Comalapa, Tapachula, Motozintla y Comitán, en la frontera de Chiapas con Guatemala; y en San Cristóbal de las Casas.
La cónsul de Honduras en Chiapas, Patricia Yamileth Villamil, denunció que la Procuraduría Estatal podría estar obstruyendo la procuración de justicia en agravio de las menores de edad víctimas del delito de trata de personas, debido a que antes del rescate de Gabriela habían sido notificados del secuestro y explotación de las migrantes y no hicieron nada al respecto.
El Consejo Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio contra la fiscalía estatal.
