Alejandro Martí pide mayor participación de telefónicas contra secuestros
El día en que se tenga la Ley Antisecuestro, la Ley de Geolocalización en Tiempo Real y las cárceles especializadas para los plagiarios se va a inhibir el secuestro, indicó Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (S.O.S).
“El que la haga, realmente va a pagar por lo que hizo”, aseguró
Durante una gira para conocer la operación de la Unidad Antisecuestros de Baja California, informó que en la Cámara de Senadores existe una iniciativa que modifica la Ley de Telecomunicaciones para sustituir el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
“Ese registro nacional fue un verdadero fracaso, tenemos 82 millones de registros de los cuales, 30 millones de registros son falsos, y finalmente, después de todo este gran esfuerzo y este gran costo que incurrió todo mundo (…) hemos logrado tener un registro falso”, dijo el empresario.
Comentó que cuando existe un caso de secuestro lo único que se logra es que la persona plagiada la retengan con todo y teléfono, de tal manera, que sólo se sabe que la víctima tiene un teléfono registrado.
Pidió el apoyo de la sociedad para que sea aprobada la Iniciativa de Ley que modifica el Renaut y hace una Ley nueva con cinco puntos propuestos.
Primero: que en todos los casos de secuestro, exista la obligación de las telefónicas, de las concesionarias, de brindarle a las autoridades la geolocalización en tiempo real, por ejemplo, a las unidades antisecuestro.
“Esto quiere decir que cuando es secuestrada una persona, el número del aparato telefónico independientemente del chip, que es un commodite que se vende por separado, por 50 ó 70 pesos, se pueda registrar donde está el aparato y de donde viene geográficamente la llamada”, manifestó.
Segundo: la obligación de las telefónicas de juntarse al servicio del Estado, independientemente si son competidores o no, para que presten sus informaciones de las torres de localización, para que sea lo más preciso posible el tema.
Tercero: que en las penintenciarias, ceresos y centros de rehabilitación, se prohíba la señal telefónica para evitar las extorsiones, que son casi 6,500 diarias.
“Para que desde una posición remota se cancele en esa zona la comunicación telefónica”, señaló.
Cuarto: la obligación de las concesionarias de supervisar el trabajo del Estado, para que si hay una llamada de las penitenciarías la reporten, so pena, de un delito penal o una multa de más de 100 mil salarios mínimos.
Quinto: la obligación de todas las telefónicas de dar un número único a nivel nacional para reporte de delincuencia, con la obligación del Estado de distribuir ese reporte a las diferentes instituciones y aplicar los métodos de geolocalización.
“Si esto hoy lo tuviéramos a nivel nacional, no habría secuestro, por lo menos no habría secuestro a través de llamadas telefónicas celulares, de envíos de e-mail, de mensajitos, y casi casi, les tendríamos que poner el problema a los secuestradores que tuvieran que empezar a recortar otra vez letritas como se hacía hace 20 años”, detalló.
A partir del 1 de marzo, los jueces federales de México podrán solicitar a las compañías telefónicas información sobre usuarios en la investigación de secuestros, un delito que ha ido al alza en el país durante los últimos 20 años .
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó un acuerdo que da a los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones la facultad de solicitar esos datos a las empresas concesionarias de telecomunicaciones, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este mes, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer que en 2010 se denunciaron ante las procuradurías del país 1,216 secuestros, la cifra más alta en 20 años . El central Estado de México, que tiene unos 13 millones de habitantes, fue la entidad que registró más delitos de este tipo, con 172.
Según las cifras del SNSP, la tendencia en la comisión de secuestros va al alza, pues en 2009 se denunciaron 1,163 casos, 907 en 2008 y cerca de la mitad en 2007.
