Gobierno de México y organizaciones civiles chocan por lucha anticrimen
El desarrollo de la lucha anticrimen que llevan a cabo las autoridades mexicanas enfrentó este lunes al gobierno de México y un grupo de organizaciones civiles durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , debido a los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en operativos contra la delincuencia.
Las organizaciones señalaron que, a más de cuatro años de su inicio, la estrategia contra el crimen organizado ha sido “un rotundo fracaso”. Las operaciones contra la criminalidad en varios estados del país, especialmente dirigidos contra el narcotráfico, iniciaron en diciembre de 2006, después de que el presidente Felipe Calderón asumiera el poder.
Carlos Karín Zazueta, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dijo que esa batalla ha “disparado la violencia, el índice de homicidios y la inseguridad ciudadana”. Por ejemplo, la tasa de asesinatos ha crecido en 75% y también han aumentado el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad , señaló.
La CIDH, institución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibió este lunes a las organizaciones y a una delegación del gobierno mexicano, durante la segunda jornada de audiencias públicas de su 141 periodo de sesiones. Éste comenzó el 21 de marzo y terminará el 1 de abril.
Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), defendió la lucha anticrimen del gobierno bajo el argumento de que era “necesaria” y se debían adoptar medidas de gran magnitud. La Segob es la dependencia encargada de la política interior mexicana y, como tal, una de las principales responsables de la batalla contra el crimen.
El funcionario aseguró que el combate al crimen organizado es “una lucha por los derechos humanos”, que se lleva a cabo “en estricto respeto a los derechos humanos”. Rechazó discutir alguno de los casos concretos planteados por las organizaciones civiles y negó que en algunas partes de México se viva un estado de excepción.
“Hubiera sido más fácil administrar el problema que enfrentarlo, pero si no lo hubiéramos hecho la delincuencia organizada habría penetrado en todos los rincones del país”, dijo Zamora.
Según el funcionario, cuando empieza una intensificación de la lucha contra la delincuencia, sube el índice de violencia en un primer momento pero más tarde desciende. Estimó que ese descenso en la cantidad de hechos violentos también se registrará en México, aunque advirtió que aún quedan “meses de lucha cruenta”.
Desde 2006 han muerto más de 34,000 personas en acciones derivadas de la delincuencia. Las autoridades dicen que 90% de esas víctimas estaban relacionadas de alguna manera con la delincuencia.
La CIDH se comprometió a visitar México para comprobar la situación de los derechos humanos en los casos discutidos, entre los que destacó la negativa del gobierno a eliminar la figura jurídica del arraigo, que permite mantener detenidas a personas sospechosas de delitos graves hasta por 80 días sin comparecer ante un juez.
