Organizaciones denuncian "abuso" en la detención de migrantes en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este lunes las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre la política migratoria de México y su impacto en los derechos humanos de quienes cruzan el país para llegar a Estados Unidos.
El Litigio Estratégico en Derechos Humanos aseguró que estos ciudadanos, venidos de países situados al sur de México, viven en una permanente situación de inseguridad, no sólo por el crimen organizado sino también por parte de los servidores públicos.
Así lo explicó la asociación en la segunda jornada de audiencias públicas de este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del 141 periodo de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y se prolongará hasta el 1 de abril.
Los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos proceden principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador , y Nicaragua.
Estos ciudadanos son víctimas de maltrato y privaciones arbitrarias de la libertad, y el Estado mexicano "abusa" de las detenciones, un mecanismo que las agrupaciones internacionales de Derechos Humanos recomiendan no aplicar, de acuerdo con las organizaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó a la delegación del gobierno de México que la detención es una medida "desproporcionada y no regular", que restringe el derecho a la libertad.
Los representantes del Estado respondieron que la detención es una medida previa que se realiza para poder ejecutar posteriormente la expulsión de los inmigrantes,y que, al estar prevista en la ley mexicana, "no es irregular".
Tanto los peticionarios como el Estado se comprometieron en la audiencia a mantener una mesa de trabajo sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur de México.
Los congresos de los estados deben de crear leyes para prevenir los abusos a migrantes por parte de las autoridades y el crimen organizado, de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
“Es fundamental diseñar políticas públicas integrales para que haya programas y acciones a nivel nacional, encaminadas a prevenir el delito”, aseguró Plascencia este lunes a través de un comunicado.
El Senado mexicano aprobó a fines de febrero pasado una ley de migración que busca frenar la criminalización de los migrantes en situación irregular. Entre los beneficios para los migrantes están el reconocimiento de sus derechos a la salud, a la educación y al trabajo. En la ley fueron excluidos los artículos que permitían operativos policiales para detener migrantes y multas impuestas a empleadores de migrantes, entre otras.
Unos 150,000 migrantes pasan cada año por México hacia Estados Unidos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.