Publicidad
Revista Digital

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

México pide a la ONU revisar las cifras sobre desapariciones forzadas

El gobierno llamó a Naciones Unidas a "distinguir" entre las quejas sobre posibles casos y los delitos confirmados
lun 04 abril 2011 09:39 PM
México-desapariciones forzadas
México-desapariciones forzadas México-desapariciones forzadas

El gobierno de México pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisar las cifras sobre desapariciones forzadas presuntamente cometidas en el país, pues considera que no reflejan fielmente la realidad.

Durante una conferencia de prensa, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró “muy importante” que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias “distinga” entre las quejas presentadas por organizaciones civiles y los delitos efectivamente cometidos.

El grupo presentó el jueves pasado su informe preliminar sobre las desapariciones forzadas en México , en el que recoge los casos reportados por las organizaciones civiles. Éstas afirman que han registrado 3,000 casos desde 2006, cuando inició el mandato de Felipe Calderón.

“El mismo Grupo de Trabajo señala haber oído de organizaciones de la sociedad civil el número de 3,000, pero haber tomado en cuenta que la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autónoma del gobierno) hasta ahora dice haber recibido sólo 283”, dijo Gómez Robledo.

“Hay una diferencia muy grande entre lo que se plantean como quejas y que, en muchos casos, pueden ser situaciones que obedezcan a situaciones de extravío, de secuestro, o de simple desaparición más no desaparición forzada. La desaparición forzada supone, necesariamente, el involucramiento del Estado o de sus agentes”, agregó.

La CNDH dio a conocer el sábado que desde 2006 ha registrado la desaparición de 5,397 personas , aunque no aclaró que porcentaje de ellas pueden ser desapariciones forzadas.

Publicidad

El grupo de la ONU, que aún debe elaborar su informe final sobre el tema, llamó al gobierno mexicano a revisar su estrategia de seguridad pública y considerar “en el corto plazo” retirar al Ejército y la Marina del combate a la delincuencia. Su petición se sustenta en el argumento de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para tratar con civiles y pueden incurrir en abusos a los derechos humanos .

Las autoridades mexicanas respondieron que las Fuerzas Armadas permanecerán en la lucha anticrimen, porque hacer lo contrario significaría renunciar a “los esfuerzos por una seguridad auténtica y dejar a los mexicanos a merced de los grupos criminales” .

“Si bien es cierto que reconocimos que el fenómeno (de las desapariciones forzadas) se puede estar dando en México, también les pedimos expresamente (a los miembros de la ONU) que para llegar a cifras concretas en el informe, era necesario atender a los distintos puntos de vista que se estaban expresando”, dijo en la conferencia el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora.

Ambos funcionarios mexicanos señalaron que el gobierno entregará al grupo de Naciones Unidas datos sobre el tema para la elaboración de su informe final.

“Con esto el gobierno de México cumple a cabalidad con su compromiso de mantenerse abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, dijo Gómez Robledo, quien sostuvo que las desapariciones forzadas eran más frecuentes durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre 1929 y 2000, que después de la alternancia y la llegada al poder del Partido Acción Nacional (PAN).

“Subrayamos la importancia hacia una división entre lo que ocurría antes de la alternancia política en México y de la plena consolidación de la democracia en nuestro país y lo que puede todavía estar ocurriendo ahora”, expuso.

En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició una serie de operativos contra la delincuencia en varios estados del país. Desde entonces han muerto más de 34,000 personas en acciones derivadas de la actividad criminal.

Publicidad
Publicidad