Las desapariciones forzadas aumentaron en Nuevo León desde 2006
Algunos acababan de cumplir la mayoría de edad o se encontraban en la plenitud de su vida, cuando una unidad de soldados entró a sus casas, los sacaron a la fuerza y se los llevaron . Desde entonces, sus familiares no saben nada de ellos.
La historia es similar en los 27 casos de jóvenes desaparecidos forzosamente en el norteño estado de Nuevo León que ha documentado desde 2009 a enero de 2011 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una asociación civil local que promueve y protege las garantías de las personas.
“Estamos muy alarmados porque vemos que esto se está volviendo un delito muy recurrente. A mí me parece que los jóvenes (...) es una población en riesgo, que en cualquier momento pueden ser desaparecidos”, dice a CNNMéxico la directora de la institución, Consuelo Morales.
Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es diferente a un secuestro porque no tiene como fin la extorsión, sino generar una incertidumbre sobre el paradero de la víctima.
Morales asegura que el fenómeno se ha agudizado en el estado desde el sexenio de Felipe Calderón y que los desaparecidos pertenecen a todos los estratos sociales. Por regla general, explica, las autoridades militares llegan a los domicilios sin orden de cateo, aseguran a las personas, las torturan y entregan a las autoridades ministeriales federales y estatales, en donde las familias pierden el rastro.
Las cifras oficiales y de organismos internacionales indican que el fenómeno se ha recrudecido en este sexenio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) tramitó 94 solicitudes de gestión en 2010 para la búsqueda y localización de personas en el Programa especial sobre presuntos desaparecidos, casi 47% más que en 2009, según los informes anuales del organismo.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) mencionó en una entrevista a CNNMéxico que la protección militar estaba privilegiada sobre la civil , debido a que en su última visita en la entidad documentó la participación de fuerzas militares y policiales en la desaparición de 10 personas.
La directora de CADHAC explica que al momento del aseguramiento de las personas, las autoridades fabrican delitos para justificar retenciones arbitrarias: “Son obligados a confesar algo que ni siquiera cometieron (...) que forman parte de una banda y que son sumamente peligrosos”.
“Generalmente amenazan a los padres en que si dicen que si ponen la denuncia los matan”, añade la directora.
CNNMéxico trató de contactar a personal de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nuevo León y a la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero no obtuvo respuesta.
Pendientes en la justicia penal
El 29 de septiembre de 2009, 11 personas demandaron a los legisladores de Nuevo León la creación de una comisión especial para atender las desapariciones de 15 familiares , en las que presuntamente participaron policías federales, estatales y municipales. Entre la lista de desaparecidos, disponible en los archivos públicos del Congreso, figuran artistas, policías, repartidores de comida rápida, guardespaldas y un camarógrafo.
Así inició un debate para tipificar la desaparición forzada como un delito . Un mes después, el 26 de octubre de 2009, la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), compuesta por su única diputada en el Congreso, María de los Ángeles Herrera, presentó una iniciativa para reforma al código penal del estado.
“Es válida esta propuesta, porque no está tipificado (la desaparición forzada como delito). Está pasando y a la gente que presenta estas denuncias de desapariciones frozadas no se les da el trato que debe ser”, explica a CNNMéxico la diputada.
La iniciativa pretendía definir explícitamente la desaparición forzada de personas como un delito grave, así como tipificar las sanciones a los servidores públicos y particulares involucrados en éste.
Sin embargo, por unanimidad, la iniciativa se integró en octubre de 2010 al capítulo de secuestros del código penal. Herrera insiste a CNNMéxico que a pesar de este logro, es necesario separar la desaparición forzada de una privación ilegal de la libertad.
“Nosotros siempre argumentamos, peleamos y lo estuvimos documentado: que no era lo mismo, para nada”, dice la legisladora, quien este 5 de abril volvió a presentar la iniciativa para definir jurídicamente el delito.
Desde junio de 2001, la desaparición forzada está tipificada en el código penal federal, pero en los marcos jurídicos de 24 de las 32 entidades de la república, entre ellas las del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no está definida como un delito, según un informe de 2011 de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
Desde hace más de una década, se ha discutido en el Congreso de la Unión cinco propuestas legislativas para crear una ley federal contra la desaparición forzada, pero hasta el momento no existe un dictamen.
Exigencias internacionales
De 2006 a lo que va de 2011 han desaparecido en el país 5,397 personas , la gran mayoría hombres (79%), de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, sostuvo una reunión este 23 de marzo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , al que entregó un reporte con 240 casos documentados.
El grupo realizó una visita oficial del 18 al 31 marzo de 2011, con la finalidad de recopilar información que pueda conducir al esclarecimiento de casos pendientes en el país. México se integró a este organismo en 1989.
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, la CNDH ha hecho una única recomendación por un caso de desaparición forzada.
De 2006 a 2010, han muerto 34,612 personas relacionadas con la delincuencia organizada, de acuerdo con cifras del gobierno federales, de las cuales 2.8% ocurrieron en Nuevo León.
