Diputados aprueban reforma a la ley de educación para evitar acoso escolar
Combatir el bullying en las escuelas de México ya no sólo será obligación de cada escuela, sino que el gobierno estará obligado a crear políticas para prevenirlo y combatirlo.
Cambios a la Ley General de Educación, aprobados por los diputados, establece que las autoridades del nivel federal, estatal y municipal deberán instrumentar políticas para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar este problema.
El acoso escolar o bullying es un problema que ha ido empeorando en el país. Tan sólo en el Distrito Federal, las últimas cifras oficiales disponibles (de 2009) apuntan que se reportaron 148 casos de suicidio vinculados a la violencia en las escuelas.
“Es un fenómeno que no se atendió a tiempo y se convirtió en un problema de salud, de seguridad y de educación, sea por daños psicológicos, gastos que produce en la atención de las víctimas, baja calidad educativa, la descomposición social y, sobre todo, lo más lamentable, que nuestras niñas, niños y jóvenes se están involucrando en algunos casos en actividades delictivas”, expuso el diputado independiente Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
Los legisladores apuntaron que, de acuerdo con la Encuesta sobre las Condiciones de Trabajo de los Profesores y el Ambiente Educativo de las Escuelas 2007, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países con mayor acoso y violencia en las escuelas.
“Dicha encuesta arrojó que en México existe un ambiente escolar de violencia, con factores como la intimidación verbal o abuso entre estudiantes en un 61.2%, agresión física en un 57.1%, robo en un 56%, e intimidación verbal o abuso a los maestros y al personal en un 47.2%”, explica el texto del dictamen.
Además, el Instituto Nacional de Evaluación indica que uno de cada 10 alumnos de educación básica, alrededor de 2.5 millones de menores, son o han sido víctimas de violencia en los centros escolares.
“Sin embargo, debido a que en la violencia escolar están involucrados el agresor, la víctima y un sin número de observadores, las estadísticas pueden ser peores; y si la aritmética no falla, al tener por lo menos 3 o 4 alumnos involucrados en este problema, la cifra puede llegar hasta 10 millones de alumnos involucrados en el tema de la violencia escolar”, explicó Vázquez Aguilar.
Los cambios legales establecen que se debe orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico, verbal o psicológico.
Establece además que cuando una institución tenga conocimiento de algún caso de violencia, de abuso en cualquiera de sus manifestaciones o la comisión del algún delito grave de los estudiantes, deberá notificarlo de inmediato a la autoridad competente.
“El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren relaciones armónicas, de respeto e igualdad entre educandos y educadores, y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera, se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles”, señala el artículo 49 de la ley.
En la discusión, los legisladores apuntaron que es fundamental trabajar también en la educación de los padres para que aprendan a detectar cuando un menor es víctima de bullying y aseguraron que buscarán etiquetar recursos el próximo año para fomenta programas que terminen con el problema, que es semilla de otros mayores.
“El combate a la violencia en este país no puede ser exclusivamente por la vía policial, no puede ser exclusivamente por la vía represiva, tiene también que combatirse por la vía educativa”, dijo el diputado del Partido Acción Nacional, Manuel Clouthier.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 383 votos y fue enviado al Senado de la República para su estudio y eventual aprobación.
