La entrega de mayores facultades a las Fuerzas Armadas divide a la Cámara
El gran asunto con el que los diputados mexicanos planean cerrar el periodo de sesiones, la Ley de Seguridad Nacional, basada en cambios constitucionales para regular la labor de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado, ha vivido una mañana de discusión.
El dictamen a debate ha sido fuertemente criticado por otorgar mayores facultades al Ejecutivo sobre el Ejército.
Las bancadas de los partidos de izquierda de inmediato expresaron su rechazo a la Ley, argumentando que se trata de un intento por sumir al país en el autoritarismo.
"Estamos por encuadrar legalmente la actuación de las fuerzas armadas, pero de ninguna manera y rechazamos tajantemente la forma en la que este dictamen intenta generar una nueva lógica de Estado de excepción, misma que llama 'declaratoria de afectación' y que corrompe y trastorna todos los equilibrios de la vida democrática", dijo ante los medios Armando Ríos Piter, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal opositor de la reforma.
La izquierda considera que la norma dará facultades ilimitadas al presidente de la República para el uso de las fuerzas armadas y la posibilidad de irrumpir en movimientos sociales y, con ello, criminalizar las protestas.
El Partido del Trabajo y el PRD argumentan que los cambios fueron ordenados desde el Estado de México, gobernado por el priista Enrique Peña Nieto, pues esto le ayudaría, dicen, a tener control del Ejército en caso de llegar a la presidencia en 2012.
"Es el viejo PRI, que quiere regresar a los tiempos de Tlatelolco, del 10 de junio y de la Guerra Sucia de principios de los años setenta, con poderes ejercidos unilateralmente sin ningún contrapeso en Cámaras, en gobiernos, mucho menos en la sociedad".
"Están pensando que, como creen que pueden regresar el año que entra a la Presidencia de la República a Los Pinos, quieren dotarse de antemano de los elementos que les permitan decir, 'y regresamos para quedarnos otros 70 años, ustedes sabrán si se atreven a ejercer una competencia democrática que nosotros la consideremos como de estado de excepción'”, expuso Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
Pero no sólo desde la izquierda se escuchan voces en contra. La derecha se encuentra dividida y mientras la coordinadora de los diputados del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) dice que es urgente aprobar la legislación, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, se ha pronunciado en contra por las implicaciones que tiene en el uso de la milicia.
"La minuta que se pretende presentar vuelve a abrirle la excepción esa, o sea, pone en manos de las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir incluso en conflictos político-electorales. Es una regresión hombre. Yo no sé quién está proponiendo ese disparate, es impensable que esta Cámara vaya a votar una cosa de esas después de la experiencia traumática para la vida mexicana de 1968", afirmó en entrevista.
Corral se ha pronunciado por aprobar la minuta proveniente del Senado y no la promovida por los diputados del PRI.
La falta de consenso también se vive en el interior del PRI. El sector campesino, representado por la Confederación Nacional Campesina, alertó sobre el peligro que esta ley implica para las comunidades del campo, donde en los últimos meses se han registrado hechos violentos.
En la bancada del PRI, dos de los liderazgos más importantes se encuentran enfrentados: el del coordinador, Francisco Rojas, y la ex dirigente partidista,Beatriz Paredes, por lo que se ve difícil alcanzar los consensos.
Un debate arrastrado
El primer capítulo del proyecto fue cuando la Presidencia de la República envió al Senado una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional expedida por el presidente Vicente Fox en 2005. La Cámara alta la procesó durante un año, modificando algunos artículos y enviándola a los diputados para su análisis.
Sepultada en la llamada “congeladora legislativa” desde abril de 2010, la ley no se discutió en ninguna de las cinco comisiones a las que fue turnada en un principio: Gobernación, Seguridad Pública, Justicia, Defensa Nacional y Derechos Humanos. Sin embargo, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuraron la discusión desde mediados de abril y propusieron modificaciones a la minuta del Senado en un grupo de trabajo creado ex profeso para acelerar las discusiones.
Los casos de intervención
De acuerdo con la iniciativa, el Consejo de Seguridad Nacional sería el máximo órgano en caso de algún peligro para la paz interior. Su mayor atribución es la posibilidad de realizar una declaratoria de Estado de Afectación, en el caso de que alguna región o comunidad del país represente en sí misma un peligro para la seguridad nacional. Sería una meidad prorrogable indefinidamente, mientras exista peligro.
La Ley de Seguridad Nacional establece también las diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional, y encomienda la guarda de esta última al Gobierno Federal. Los hechos que tienen que ver con seguridad nacional no se limitan sólo a cuestiones de crimen organizado, sino que se amplían a contingencias de salubridad y desastres naturales.
Existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos de orden social, laboral, electoral o político si representan una amenaza a la paz interior; esta disposición fue declinada por el PRI luego de las presiones para que lo hiciera. En ese caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá garantizar que no existen violaciones de garantías individuales.
"Tiene que decir cuánto durará esta afectación a la seguridad interior, cuáles son los objetivos que se persiguen con esa afectación y tiene que decir con toda claridad que están vigentes y se respetan todos los derechos humanos y las garantías que consagra la Constitución", señaló Alfonso Navarrete Prida, el diputado del PRI impulsor de los cambios a la minuta del Senado.
La Ley de Seguridad Nacional regula también la intervención de llamadas telefónicas con autorización judicial y la obligación que tienen los elementos de las fuerzas armadas de notificar de forma inmediata al Ministerio Público sobre la comisión de un delito, así como de entregar a los detenidos a las autoridades civiles.
Rechazo de la sociedad civil
El poeta Javier Sicilia, el activista Eduardo Gallo y el sacerdote Alejandro Solalinde se han reunido en dos ocasiones con miembros de la Comisión de Defensa Nacional , una de las que discute el proyecto de Ley.
Los activistas reclamaron a los legisladores su falta de sensibilidad con los problemas nacionales, sobre todo con la violencia, de los que los tres han sido víctimas: los dos primeros perdiendo a un hijo y el tercero lucha a favor de los migrantes. “Estamos hasta la madre”, dijo Eduardo Gallo a los diputados.
Javier Sicilia, el poeta del céntrico estado de Morelos, cuyo hijo fue asesinado hace un mes , encaró a los diputados y subió el tono de voz cuando reclamó que los verdaderos crímenes se cometen en el Congreso.
“Aquí se está jugando en esta guerra, donde está muerto mi hijo y 40,000 gentes que no tienen nombre, que siguen tratadas como bajas colaterales, se está jugando la vida de los ciudadanos, esta guerra es contra nosotros y esta ley es para seguir asesinando a la ciudadanía.
Otros activistas que se han unido al reclamo son Julián LeBarón, Emilio Álvarez Icaza, el sacerdote Miguel Concha y Édgar Cortez, quienes han prometido estar pendientes de las negociaciones y el sentido del voto de los ciudadanos.
De momento, la iniciativa atraviesa un proceso legislativo. La minuta del Senado fue turnada a cinco comisiones, pero ante la premura de la discusión, se planteó que sólo dos, la de Defensa Nacional y la de Gobernación, sean las encargadas de sacar las conclusiones.
Sin embargo, hay voces que aseguran que esto sería una violación del procedimiento legislativo y la ley podría ser impugnada. La Junta de Coordinación Política será la encargada de decidir si procede o no un periodo extraordinario para analizar esta ley.
