Impunidad y muerte tienen a comunidad autóctona en estado de sitio

Cherán, un municipio de 18,141 habitantes al norte de Michoacán, ha decidido cerrar sus calles para protegerse del crimen organizado.

Sus pobladores aseguran que hasta hace poco era un lugar pacífico y sin problemas. Pero desde el pasado 15 de abril, sus calles están bloqueadas por barricadas que ellos mismos colocaron para evitar que entren personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.

“Esto ya ha sucedido (durante) muchos años y ya la gente se enojó porque pasaban enfrente de todos con los carros llenos de madera y se mofaban, entonces la gente decidió poner barricadas en todas las calles.”

Los pobladores han pedido el apoyo del Ejército para terminar con las actividades delictivas que los aquejan y han causado la deforestación de cerca de 20,000 hectáreas. Según los entrevistados, grupos de talamontes apoyados por la delincuencia organizada se han situado en la región para tratar de controlar toda actividad que les pueda traer recursos económicos.

Según el relato de los vecinos de la comunidad, quienes prefirieron no dar su nombre para evitar represalias, la tala clandestina en la región ha sido su principal problema desde hace décadas. Sin embargo, a partir de que el crimen organizado comenzó a "cobrar cuota" a los trabajadores de la zona, varios pobladores han sido víctimas de extorsiones, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas.

Ninguna de las problemáticas anteriormente mencionadas se ha combatido con efectividad por parte de las actividades, aseguran. Incluso señalan que actualmente los talamontes pasan armados a plena luz de día por las principales calles de la comunidad y se mofan de la gente a causa de la impunidad con la que se les permite actuar. Por ello, han tenido que recurrir a patrullajes vecinales para enfrentar a la delincuencia, lo que también es un riesgo.

Un campesino explica que el pasado 27 de abril "hubo un enfrentamiento en el que fue emboscado un grupo de gente de Cherán que patrullaba por el monte y murieron dos”.  Armando Hernández Estrada, de 35 años, y Pedro Juárez Urbina, de 45, murieron.

Pedro era hermano del líder político y excandidato del partido Convergencia en el municipio, el profesor normalista Leopoldo Juárez Urbina, asesinado en 2008. Hasta el momento no se sabe quién lo mató, a pesar de que se abrió una fiscalía especializada para investigar su caso.

En 2008, tras el asesinato de Pedro Juárez Urbina y de un menor de edad, en Cherán se originó un movimiento social que puso en entredicho la autoridad del actual presidente municipal Roberto Bautista Chapina.

Se llegó a sospechar que él podía estar implicado en el crimen, pues el activista fallecido también fue contendiente por la alcaldía, según lo declararon comuneros de Cherán al diario La Jornada de Michoacán, el 17 de diciembre de 2008.

Entonces se generaron marchas y enfrentamientos que concluyeron con la renuncia de los 20 elementos de la policía municipal, ya que varios comuneros los acusaron por la muerte de una persona de nombre Jorge Romero Mateo, pero según informó en ese entonces el fiscal especial y ahora subprocurador de Apatzingán, Hugo Domínguez Nieto, el 28 de junio de 2008, el joven fue arrollado por un auto conducido por un civil.

“Es un secreto a voces, la meseta purépecha no es ajena a la problemática que se desarrolla a partir del flagelo que tiene el crimen organizado y tiene metidas las manos en todo, inclusive en talamontes, el cobro de piso a los compañeros comerciantes, los levantones, las extorsiones vía telefónica y los secuestros, así como las desapariciones, entonces, eso está generando una condición de hartazgo entre la población, que ha decidido hacer esto”, comenta Armando Meneses, profesor de una preparatoria de la ciudad de Uruapan.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Manuel García Ruiz, comentó ante medios que los patrullajes que sus elementos y los de la Policía Ministerial del Estado realizan en la meseta purépecha ya redituaron en la detención de dos presuntos talamontes en la comunidad de la Mojonera, municipio de Nahuatzen, aledaño a Cherán, aunque está consciente de la petición de fuerzas federales por parte de los cheranenses.

“Junto con la procuraduría seguimos ayudando en la vigilancia de Cherán, pero en las reuniones que tuvimos con los pobladores, nos dijeron que solicitaría la presencia de las autoridades federales, para que lleguen a apoyar a la zona; sin embargo, nosotros continuaremos brindando, seguridad con nuestros elementos”, comentó García Ruiz.

En cuanto a la vigilancia de la Policía Ministerial, vocero de la Procuraduría General de Justicia, Víctor Jonathan Arredondo, señaló que “se han enviado dos grupos, uno de la Subprocuraduría Regional de Uruapan y otro de la de Zamora, a cuidar esas rutas que los pobladores nos han señalado como de riesgo”.

El más reciente comunicado oficial de Gobierno del Estado, emitido el 4 de mayo, indicó que se mantendrían mesas de negociación con los comuneros y se solicitaría apoyo de las federación, tal como lo comentó el gobernador, Leonel Godoy Rangel, en la última entrevista que ofreció al respecto el 3 de mayo el Distrito Federal, en al cual además detalló “es un conflicto de una comunidad indígena, la de Cherán contra el crimen organizado, una comunidad indígena que ha decidido organizarse en legítimo derecho para defenderse de los delincuentes y que cuenta con todo nuestro respaldo”.