Autoridades exhuman el cuerpo del activista Javier Torres para necropsia
Las autoridades mexicanas exhumaron este miércoles los restos del activista Javier Torres Cruz, quien fue asesinado en abril pasado por sus actividades en defensa de los derechos humanos y de los bosques del estado de Guerrero, al sur de México.
Expertos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) extrajeron los restos de Torres Cruz para practicarle una necropsia de ley, luego de que la procuraduría reconociera nulos avances en la investigación a un mes del crimen.
Los peritos forenses acudieron a la comunidad de La Morena para realizar la exhumación autorizada por un juez en materia penal hace 10 días, informó el procurador de Guerrero, Adalberto López Rosas.
Javier Torres Cruz fue asesinado en una emboscada el 19 de abril en los límites del poblado La Morena , ubicado en la región de la Costa Grande de Guerrero.
Familiares de Torres señalaron como responsables del crimen a unos hermanos de apellido Arreola, quienes han sido identificados como asesinos a sueldo de Rogaciano Alba Álvarez, un ganadero y supuesto narcotraficante acusado por Torres de ordenar el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa Plácido.
A casi un mes del asesinato de Torres, el fiscal guerrerense aceptó que no hay una sola persona detenida ni algún agresor identificado.
Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, defendió los bosques guerrerenses y en 2008 denunció penalmente a Rogaciano Alba Alvarez, quién está preso en el Penal de La Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En diciembre de 2008, Javier Torres denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos su secuestro por parte de supuestos militares del 19 batallón, ubicado en Petatlán, municipio enclavado en la Costa Grande de Guerrero, colindante con el estado de Michoacán.
Torres estuvo retenido 10 días en una vivienda, de donde logró escapar con huellas de tortura y un estado de salud deteriorado.
Ese hecho provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera al gobierno de Guerrero medidas cautelares para el ecologista, las cuales nunca se otorgaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a fines de abril el asesinato de Javier Torres e informó que recibió información sobre supuestas amenazas, actos de hostigamiento y atentados contra el activista desde 2007.