Violencia e impunidad, consecuencias de la lucha por la seguridad: AI
La familia Alvarado tuvo sólo 12 horas para abandonar Ciudad Juárez y "evitar que los militares nos exterminaran". Dejaron su hogar y no se volvió a saber nada de ellos. Ahora mismo viven escondidos y no han podido volver a dormir sin miedo.
Su tragedia inició el 29 de diciembre de 2009, cuando Roció Irene de 18 años, Nitza Paola de 31 y José Ángel de 30, fueron secuestrados por un convoy militar frente a la casa de otro familiar.
"Nitza y José Ángel iban en una camioneta llegando a casa de la suegra de él cuando llegó un convoy, los bajaron y se los llevaron. A Rosa Irene la sacaron de su domicilio, la arrebataron de los brazos de su madre y hasta ahorita no sabemos nada de ellos", cuenta a CNNMéxico un familiar.
El caso de los Alvarado ejemplifica la denuncia hecha por Amnistía Internacional en su informe anual 2011, El estado de los derechos humanos en el mundo, presentado este jueves en Londres.
"Las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas (criminales), fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos ", cita el reporte.
Como la familia Alvarado, Amnistía Internacional asegura que durante 2010, "la violencia obligó a miles a huir de sus hogares".
Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (iDMC, por sus siglas en inglés), hay al menos 120,000 desplazados por violencia en México.
Militares, seguridad y derechos humanos
Amnistía Internacional (AI) señala que estos casos de violaciones de derechos humanos "la impunidad fue la norma", lo que se agrava cuando los involucrados son juzgados bajo el fuero militar.
El artículo 13 de la Constitución mexicana determina que los militares sólo podrán ser juzgados en tribunales afines. Según Amnistía, durante el último año no hubo información de un solo militar en activo condenado por violaciones a garantías individuales, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 1,613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas.
El caso de la familia Alvarado incluso se presentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde marzo de 2010. Ese organismo solicitó al Estado mexicano informar sobre el paradero y el estado de salud de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, sin que se haya recibido respuesta todavía.
En el capítulo de México, AI denuncia que el país no ha aplicado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictadas en su contra por los abusos cometidos por militares.
Cita los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo , dos mujeres indígenas violadas por soldados en el 2002, y el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera , dos ecologistas torturados el 1999 por el ejército en Guerrero, encarcelados y condenados con cargos falsos.
Periodistas y defensores de derechos humanos, en riesgo
Amnistía Internacional denuncia que de los 14 asesinatos de periodistas que ocurrieron en 2010 en América, seis ocurrieron en México.
En el informe de Agresiones contra la libertad de expresión en México 2010 del Centro Nacional de Comunicación Social ( Cencos) y Articulo XIX, organizaciones defensoras de los derechos civiles, se documenta que 19.74% de los ataques contra periodistas son perpetrados por militares.
La mayoría de las agresiones contra periodistas en México se caracterizan porque las víctimas suelen estar cubriendo algún aspecto de la lucha contra el crimen organizado, pero sobre todo por la impunidad, "ésta genera más condiciones para las agresiones. El que no se garantice el resultado de las investigaciones propicia que haya más posibilidades de asesinatos de periodistas y que no se sancionen", dijo Brisa Solís, directora de Cencos.
Amnistía Internacional denuncia que pese al compromiso de la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar esos delitos, la mayoría no se resuelve ni se investiga.
"Se acordó un mecanismo gubernamental de protección a periodistas , pero al concluir el año no estaba en funcionamiento", cita el reporte anual.
El panorama no es mucho más esperanzador para los defensores de derechos humanos: "pese a las promesas del gobierno de respetar su labor y garantizar su seguridad, algunas autoridades gubernamentales hicieron declaraciones en las que se cuestionó la legitimidad de los defensores y las medidas oficiales de protección se aplicaron a menudo de forma precaria".
Más violencia
Amnistía Internacional asegura que durante 2010 se extendió la violencia en México y que "rara vez se enjuició a los responsables" de las 15,273 muertes violentas que hubo en el país durante ese periodo, según cifras oficiales.
"Más de 50 soldados y 600 policías perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las bandas criminales. También murieron de forma violenta transeúntes y otros ciudadanos".
El caso de migrantes centroamericanos que son secuestrados en su camino hacia Estados Unidos también fue condenado por la organización de derechos humanos, que denunció que estos delitos se cometen, a menudo, con el conocimiento y complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
El reporte de anual 2011 incluye una evaluación de la situación de los derechos humanos en 150 países. El organismo se fundó en 1961 para denunciar violaciones a las garantías individuales.
