La Corte ordena liberar a maestra acusada de participar en violación
La afirmación de la madre de un niño de cuatro años con relación a que su hijo fue violado fue desestimada este martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó un amparo definitivo a la única persona detenida por el presunto delito.
La Corte determinó por ocho votos a favor y tres en contra que no hay elementos suficientes que prueben la participación de Magdalena García Soto, maestra del pequeño, en la violación reiterada contra el menor en noviembre 2006.
De la mayoría, seis ministros votaron por la liberación inmediata de la maestra, al considerar que la declaración del niño no era suficiente para acreditar la responsabilidad de García Soto, y otros dos pidieron un amparo para que el Tribunal de Justicia de Oaxaca dicte una nueva sentencia.
En entrevista con Radio Fórmula, la mamá del menor dijo que se siente impactada, "muy triste, porque la Corte está dando una carta abierta a los pedófilos y pederastas, porque no es posible que la declaración de un pequeño no cuente, luego de todo un procedimiento en contra de la única detenida señalada directamente por el menor como quien lo llevaba al cuarto donde lo esperaban dos hombres".
Indicó que las personas que pasen por una situación así no denuncien, mucho menos si no tienen poder económico y político para ganar, porque existe mucha corrupción y la justicia en México no existe.
La madre del menor dijo en entrevista con W Radio que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
García Soto, en tanto, declaró a la misma emisora que le "aterraba" la posibilidad "de que esta gran mentira fuera creíble".
Aunque reconoció que el delito de abuso contra menores "impacta mucho a la sociedad", insistió en que es inocente.
El caso y la denuncia de violación
En 2007, Leticia Valdés, madre del pequeño presuntamente violado, presentó ante la Procuraduría de Justicia de Oaxaca una denuncia por abuso sexual después de que encontró una sustancia blanquecina en la entrepierna de su hijo y tras algunas pruebas médicas, se determinó que se trataba de semen.
La mujer aceptó que su hijo, en ese entonces de cuatro años, declarara ante el Ministerio Público cómo ocurrió el abuso sexual presuntamente perpetrado en el colegio San Felipe, de gran prestigio en la entidad.
En la declaración ministerial se señala a Hugo Gabriel Constantito García, esposo de la directora del colegio San Felipe, y a Adán Salvador Pérez Ramírez, maestro de computación, como responsables de la violación. Ambos están prófugos desde entonces.
El pequeño también dijo que Magdalena García Soto era quien lo llevaba a un salón ubicado en el segundo piso del colegio, para entregarlo con los agresores.
La maestra fue detenida en 2007 y sentenciada a 10 años de prisión. Tras una apelación, un juez le redujo la condena a seis años, pero ella impugnó y la Corte decidió atraer el caso en mayo del año pasado.
Este martes, luego tres años y ocho meses de prisión, se ordenó su liberación inmediata.
Los argumentos de la defensa
La defensa de la maestra aseguraba que era imposible que Magdalena llevara al menor al supuesto lugar de la violación sin que haya sido vista por el personal de la institución educativa.
Argumentaron que si el pequeño hubiera sido violado de manera reiterada durante un mes —como denuncia su madre—, hubiera presentado daño físico y psicológico que nunca se detectó en los exámenes médicos.
La organización Causa Común, liderada por la activista María Elena Morera, reconocida por su labor al frente de México Unido contra la Delincuencia, ha expresado públicamente su apoyo a García Soto.
También algunos de los padres de familia del colegio San Felipe se pronunciaron a favor de la maestra luego de que fuera detenida, e incluso dijeron a medios locales que Leticia Valdés había pedido seis millones de pesos para no presentar denuncias contra la institución educativa.
La exigencia de justicia
El caso fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2008 recomendó al gobierno de Oaxaca, entonces encabezado por el priista Ulises Ruíz, brindar auxilio a las víctimas de abuso y dar cumplimiento inmediato a las órdenes de aprehensión contra los involucrados.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), integrada por 63 organizaciones de la sociedad civil con programas a favor de la infancia, indicó hace un mes en reiteradas ocasiones, que el caso muestra los "vacíos institucionales que existen para garantizar el derecho a la protección y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito".
La orden de aprehensión contra Hugo Gabriel Constantito García y Adán Salvador Pérez Ramírez sigue vigente.
