Gobernación promete mayor control militar en la frontera sur por el crimen
Después de recorrer vía aérea parte de la frontera México-Guatemala, sostener reuniones con cónsules de países de Centroamérica y de visitar los albergues de migrantes Belén y Jesús el Buen Pastor, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora reconoció lo que llamó la “compleja la problemática regional” de la frontera sur.
“La complejidad de esta frontera es tan seria que tenemos en Chiapas seis puntos de ingreso formales, pero se habla de que existen 56 irregulares”. Blake Mora también se refirió al asesinato de 28 personas en la finca Los Cocos , ocurrido el pasado fin de semana en la zona de El Petén en territorio guatemalteco, presuntamente cometido por cárteles mexicanos.
Habló del reciente aseguramiento de 513 migrantes centroamericanos , sudamericanos, asiáticos y africanos, que entraron de forma ilegal al país, escondidos en dos tráilers, que ingresaron por la frontera sur.
Se trata, dijo, de “un fenómeno global del crimen organizado”, que está traspasando las fronteras de México, y colocando como una de sus principales víctimas a los migrantes.
El gobierno mexicano pretende mantener bajo control los 572.986 kilómetros de frontera entre México y Guatemala donde, a pesar de haber seis cruces formales, por décadas ha habido tránsito de personas y trasiego de mercancía prácticamente incontrolable.
La premura surge luego que en los últimos años grupos dedicados a la delincuencia organizada incrementaron su presencia en la región afectando ambos lados de la frontera, con rasgos tan notables como la mercantilización con altos niveles de violencia, del tráfico de migrantes que entran de forma ilegal al país .
En estos hechos, según las denuncias de activistas defensores de los derechos humanos, y de los propios migrantes, están participando autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de otras dependencias y niveles del gobierno.
Durante una gira de trabajo por Chiapas, que forma parte de un recorrido más amplio por varios estados donde se ubica la llamada Ruta del Migrante , el encargado de la política interna de México, Blake Mora, anunció que habrá un mayor control de los flujos de personas y mercaderías.
Estas acciones, dijo, ayudarían a detener el tráfico de armas, droga; y coadyuvarían a la protección y seguridad de los migrantes. Para lograrlo, según el funcionario, se invertirán 2,000 millones de pesos en montar infraestructura , equipamiento y tecnología para resguardar la frontera.
Controlar el flujo de personas y mercancía
Blake Mora mencionó que la Federación trabaja en conjunto con el gobierno del estado en la modernización de su infraestructura fronteriza para tener un mayor control de los flujos de personas y mercaderías, pero también de armas y drogas, “dando prioridad a la protección y seguridad de los migrantes”.
El secretario de Gobernación dijo que para combatir esta problemática, el gobierno federal -quien recientemente a través del Comandante de la VII Región Militar anunció una mayor presencia militar en la zona - dijo que habrá cuatro líneas de acción:
- Facilitar la documentación migratoria
- Proteger los derechos humanos de los migrantes
- Contribuir a la seguridad fronteriza
- Ampliar la infraestructura material, tecnológica y humana.
También informó que este año entrarán en operaciones tres nuevas estaciones migratorias en las ciudades de Chetumal y Cancún, ubicadas en Quintana Roo; y Palenque, Chiapas.
Refirió que en Chiapas se ubicarán nuevos puestos de control en los municipios de Huixtla, Comitán, La Trinitaria y Palenque, en las que habrá operaciones conjuntas de las autoridades aduanales, migratorias, militares y agropecuarias.
El peligro del cierre de la frontera sur
Activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes cuestionaron la estrategia de control migratorio y de seguridad en la frontera sur.
El sacerdote católico Heyman Vázquez, director de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia ; y el activista Rúben Figueroa, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano coincidieron en que sellar y militarizar la frontera sur sin generar mayores fuentes de empleo, instrumentar mejores políticas humanitarias y depurar las acciones de las autoridades migratorias, “son sólo actos agresivos que colocan en una mayor vulnerabilidad a migrantes y habitantes de ambos lados de la frontera”.
“Las millonarias inversiones de plan de seguridad podría invertirse en crear fuentes de trabajo para desalentar la migración. De lo contrario, el sellar y militarizar la frontera solo implicaría colocar en un mayor peligro a los migrantes, porque ellos buscarían caminos más riesgoso para entrar a México”, sostuvo el sacerdote.
Rubén Figueroa añadió que si a eso se suma la corrupción y colusión con el crimen organizado que existe entre algunos agentes y mandos del Instituto Nacional de Migración (INM) , el escenario se torna aún más desfavorable para los migrantes.
Ambos sostuvieron que en el caso de los migrantes, una solución para detener la violencia en su contra es otorgarles visas de al menos dos meses para que puedan transitar libremente por México y llegar así a su destino final, Estados Unidos.
También urgieron cambiar la actual estructura del INM, la cual dijeron, ya está corrompida por la delincuencia organizada.
