El titular de Migración deberá comparecer por fosas y casos de corrupción
El Congreso mexicano aprobó este martes citar a autoridades de Migración y Gobernación para que expliquen los recientes hallazgos de cadáveres y algunos casos de corrupción.
La Comisión Permanente del Congreso, aprobó citar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración (INM) , Salvador Beltrán del Río, para explicar el hallazgo de fosas y la corrupción en esa dependencia.
Los legisladores mexicanos también autorizaron citar al subsecretario de Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Zenteno Quintero, para informar del plan de depuración de personal del INM.
Ambos funcionarios deberán informar sobre la muerte de migrantes centroamericanos, la trata de personas y la reciente destitución de delegados del INM.
En la comparecencia de los dos funcionarios también se abordarán los resultados de la aplicación de programas de evaluación y control de confianza y de investigaciones sobre irregularidades y corrupción.
El Congreso descartó citar al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, como se había planteado originalmente, a petición del diputado del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Ramírez Acuña.
La posibilidad de citar a Blake Mora quedó abierta, si las respuestas de los ya citados no son satisfactorias, según el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosendo Marín.
Las autoridades mexicanas encontraron en abril pasado varias fosas con más de 200 cadáveres en los norteños estados de Tamaulipas y Durango, los cuales podrían pertenecer a inmigrantes centroamericanos, como ocurrió con 72 cuerpos encontrados en 2010.
Unos 200 agentes del INM fueron cesados por incurrir en anomalías y al menos 40 se encuentran en procesos penales, según el titular del organismo.
Los agentes han sido involucrados en casos de explotación sexual, secuestro y colaboración con el crimen organizado, entre otros crímenes.
El INM recibió al menos 128 quejas de abusos de derechos humanos en los primeros meses de 2011 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según un informe de la CNDH
