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Desaparición de dos guerrilleros en Oaxaca: 4 años y 2 versiones opuestas

El Ejército Popular Revolucionario exige al gobierno federal y al de Oaxaca, la presentación con vida de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz
mié 25 mayo 2011 02:53 PM
Edmundo reyes gabriel alberto Cruz desaparecidos EPR
Edmundo reyes gabriel alberto Cruz desaparecidos EPR Edmundo reyes gabriel alberto Cruz desaparecidos EPR

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) sigue pidiendo cuatro años después que encuentren con vida a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, contra quienes, aseguran, se cometió un delito de lesa humanidad: desaparición forzosa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejó claro en 2009 que le corresponde al Estado mexicano la obligación de “restituir a los mencionados el pleno goce de los derechos humanos que les fueron conculcados, así como reparar los daños y perjuicios que se les hubieran ocasionado”.

La última vez que se vio a Reyes Amaya y Cruz Sánchez fue el 25 de mayo de 2007, y desde entonces, el EPR no ha dejado de acusar al gobierno de Oaxaca de orquestar el crimen y al ejecutivo federal de ser cómplice.

El EPR se adjudicó este año tres ataques con bomba en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir que sus militantes regresaran con vida: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decía un mensaje hallado en la zona del siniestro.

En 2008 se creó una comisión de mediación compuesta por intelectuales —Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz y Carlos Montemayor— para entablar diálogo entre el gobierno federal y el EPR. La iniciativa fracasó.

La Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior nacional, apoyó al gobierno de Oaxaca en la teoría de que los eperristas habían sido secuestrados por delincuentes de la entidad, pero rechazaron que se hubiera cometido el delito de desaparición forzada.

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El actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, dijo este miércoles que su administración seguirá con la investigación del caso y se comprometió a investigar si el gobierno anterior —a cargo de Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional— es responsable de la desaparición. 

La petición de justicia 

La guerrilla del EPR publicó hace una semana un comunicado para pedir a sus simpatizantes que redoblen esfuerzos para transformar en ley la exigencia de los familiares y organizaciones civiles de conocer la “verdad histórica sobre el paradero de todas y cada una de las víctimas del pernicioso delito de lesa humanidad de la desaparición forzada” cometida por el Estado mexicano.

La CNDH informó que recibió del gobierno de Gabino Cué una copia del expediente del caso, cuatro años después de que iniciara la investigación. El organismo reiteró su llamado sobre la necesidad de que haya coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y de Justicia de Oaxaca para investigar los hechos y “conocer el destino final de los dos agraviados”.

La recomendación advirtió que los informes de las autoridades federales, estatales y municipales habían incurrido en diversas contradicciones sobre el operativo en el que supuestamente desaparecieron los eperristas.

El organismo defensor de derechos humanos confirmó que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo de 2007, y desde entonces, no se ha vuelto a saber de ellos.

El EPR es un grupo guerrillero que surgió en el estado de Guerrero en la década de 1960. Su brazo político es el Partido Democrátivo Popular Revolucionario. En los últimos años se ha unido al paro laboral de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Oaxaca.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en 1994 que una desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paredero del desaparecido, seguida de la negativa de reconocer esta acción y el impedimento al debido proceso y el ejercicio de garantías.

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