Michoacán: a dos años del operativo que cambió la vida de muchos

Mario Bautista Ramírez vive con la sensación de haber sido traicionado por el sistema al que brindó 32 años de vida, tras pasar 14 meses en la cárcel por una fallida acusación de narcotráfico .

El ahora ex director del Instituto de Formación Policial fue uno de los 35 funcionarios y alcaldes de Michoacán detenidos en 2009 tras ser acusados por el gobierno federal de proteger al cártel de La Familia Michoacana , dentro del frustrado caso conocido como michoacanazo.

A dos años de que fuerzas federales y militares realizaran este operativo en la entidad, uno de los implicados narra sus días de encierro y cómo tras ser exhonerado y liberado en abril del 2010 trata de recuperar su vida.

Nueve meses después de recuperar la libertad, el ex funcionario asegura que su trayectoria policial fue limpia e incluso Ignacio Bautista, uno de sus 5 hijos, y Boris Macías, su yerno, murieron en 2005 y 2009, respectivamente, sirviendo como policías.

“(Como familia) sufrimos consecuencias donde nos toca perder y lo consideramos como un acto de trabajo, de servicio a la sociedad, no se valdría que desconfiaran de mi”, expresa Bautista Ramírez.

Hace justo dos años, el 26 de mayo, en un inédito operativo en el país, militares y policías federales detuvieron de manera simultánea a 10 alcaldes y 17 servidores públicos en sus palacios municipales, oficinas de gobierno y casas.

La Procuraduría General de la República (PGR) había girado órdenes de presentación en su contra, luego que supuestas indagatorias desprendidas de las declaraciones de tres testigos protegidos y una denuncia anónima los vinculara con el cártel asentado en el estado.

En entrevista con CNNMéxico, Bautista Ramírez recuerda que a su vivienda, en Morelia, capital del estado, llegaron agentes federales y le mostraron una orden con un nombre incorrecto, pues el segundo apellido era Villegas.

Para entonces llevaba tres meses encargado del instituto policial, tras fungir 4 años como director de la Policía Estatal, con 1,500 elementos bajo su mando, cargo en el que según la PGR supuestamente favoreció al cártel.

Ese día fueron detenidos los alcaldes de Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, y Zitácuaro. Cinco de ellos eran del PRI, dos del PAN, y dos del PRD, más uno de una alianza PRI-PAN-PVEM.

También un juez y 10 funcionarios y comandantes ministeriales de la administración del gobernador perredista Leonel Godoy , entre ellos su asesora y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández.

La lista la completaron seis servidores públicos de Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Arteaga, 3 de ellos jefes policíacos.

Todos fueron trasladados a la fiscalía antinarcotráfico de la PGR, en la Ciudad de México, donde un día después el Procurador estatal, Miguel García, y su subprocurador, Ignacio Mendoza, fueron detenidos tras presentarse voluntariamente.

“Cuando nos empiezan a redactar la acusación nos parece fuera de contexto de nuestra vida normal”, recuerda Bautista.

En los tres meses posteriores seis servidores públicos más fueron detenidos, entre ellos los alcaldes de Lázaro Cárdenas y Múgica.

Salvo los ediles de Aquila, Buenavista y Coahuayana, los 32 implicados restantes fueron encarcelados en el penal federal de Nayarit y las mujeres en la cárcel estatal, todos acusados por la PGR de delincuencia organizada.

“Somos encerrados cuatro o cinco, compartiendo celda, por casi dos meses nos tienen totalmente aislados de nuestros abogados, familias, de llamadas telefónicas, de asolearnos en un patio”, menciona Bautista Ramírez.

Dentro de la lucha contra el narcotráfico, el michoacanazo se convirtió entonces en el mayor caso de la administración del presidente Felipe Calderón contra servidores públicos y en una demostración de que se perseguiría la corrupción.

Sin embargo, la PGR no pudo sostener sus acusaciones ante jueces y en el transcurso de estos dos años abandonaron la cárcel todos los implicados . El último fue el alcalde de Múgica , en abril.

Dos meses antes de renunciar al puesto, en marzo, el ex Procurador General de la República, Arturo Chávez , reconoció que el michoacanazo fue un descalabro para el gobierno federal.

Marisela Morales , funcionaria responsable de preparar el expediente como subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, fue designada por Calderón en sustitución de Chávez.

“No soy quien para juzgarla, ya si ella cometió algún error o su gente cometieron algunos errores para la detención de nosotros durante casi año y medio, pues que lo lleven en su conciencia”, manifiesta el ex mando policial.

Libertad y la vida que le sigue

Bautista Ramírez obtuvo su libertad el 26 de agosto de 2010, sin embargo recibió internado en el Hospital Civil de Morelia la noticia de que el juez Primero de Distrito en Michoacán lo había absuelto del cargo.

Desde abril de ese año le había sido detectado cáncer de colon y tras una intervención quirúrgica de emergencia no regresó a la cárcel de Morelia, donde en enero habían sido reubicados todos los funcionarios por orden judicial.

Recuerda que en junio de 2009, casi desde que inició su vida en prisión, comenzó a presentar síntomas que, afirma, no fueron atendidos adecuadamente en el penal federal.

“Este daño no me hubiera repercutido tanto, a lo mejor con algún medicamento, terapias, hubiese sido eliminado el cáncer en proceso, pero se dejo pasar casi un año”, reprocha.

Ahora la rutina de Bautista Ramírez es acudir cada semana a sesiones de quimioterapia en el Hospital Civil y buscar apoyos económicos, porque el gobierno estatal no lo reinstaló en su puesto ni en otro cargo tras su absolución.

El ex funcionario inició su trayectoria en 1975 como agente de Tránsito y escaló posiciones hasta llegar a ser el segundo hombre en importancia en la Policía estatal.

Bautista Ramírez comenta que la Secretaría de Salud estatal le facilita quimioterapias y estudios para su cáncer, pero tiene que tocar puertas para lograr la ayuda porque carece de seguridad social.  

“No deja de ser penoso, que me avergüence estar llegando a solicitar ‘oiga ya se me termino el medicamento, necesito unos estudios, écheme la mano’. Todo eso me lastima moralmente porque no debería de ser así, tenía un trabajo, un sueldo, nunca renuncie ni me corrieron por mal elemento”, expresa.

Manifiesta que no sabe porque no fue reincorporado en su empleo, tras agregar que lo mismo ocurre con 4 comandantes y agentes ministeriales también implicados.

Conforme fueron saliendo de la cárcel, los 12 alcaldes fueron reinstalados por el Congreso estatal en sus cargos. Incluso el edil de Apatzingán, Genaro Guizar, se saludó con el presidente Calderón antes de un acto que encabezó en el ayuntamiento, el 22 de octubre de 2010.

Otros funcionarios estatales regresaron a sus puestos o fueron nombrados en nuevos cargos por Godoy. El juez encarcelado fue reinstalado por el Consejo de la Judicatura estatal.

Tras salir de prisión, Fernández volvió al cargo de asesora del gobernador y en mayo de este año fue nombrada integrante del Poder Judicial Estatal. Ricardo Rubí, quien era director del Sistema de Financiamiento, fue designado subsecretario de Desarrollo Económico.

El ex subprocurador Mendoza anunció en abril que analizaba contender por la alcaldía de Morelia con el PRD, partido del que es fundador, en el proceso electoral que está por iniciar en Michoacán.

Mendoza, quien ha fungido como vocero de los 35 implicados, participó junto al ex Procurador Miguel García en la marcha por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, el 5 de mayo, de Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México.

Bautista Romero está en espera de volver a tener un puesto que en un futuro le permita pensionarse, luego de sus 3 décadas de servicio.

“Pido que se valoren mis años de trabajo”, sostiene.