Ciudadanos culpan al Estado mexicano por incendio en Guardería ABC
Las banderas rosas y azules que representaban a las 25 niñas y 24 niños que fallecieron hace dos años en el incendio de la Guardería ABC, ondeaban en la explanada del Zócalo de la ciudad de México en espera del juicio ciudadano en el que el Estado resultaría culpable de omitir su responsabilidad en el siniestro y de no atender el principio del interés superior de la infancia.
La Presidencia de la República, el poder legislativo y el judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron encontrados culpables en el juicio presidido por activistas, intelectuales y académicos.
Los cargos, denegación de acceso a la justicia a las víctimas y "establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y las niñas no son sujetos de derechos", omisión de legislar para proteger a la infancia y negligencia y desatención a las víctimas.
Tras una hora de alegatos, el juez, representado por el defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, sentenció al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de las guarderías del IMSS por contradecir lo estipulado en la Constitución y en tratados internacionales sobre los derechos de los niños.
El siniestro de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009. Organizaciones civiles la consideran la mayor tragedia infantil en la historia de México, en la que fallecieron 49 niños y 104 más resultaron heridos.
Ocurrió cuando un incendio en una bodega adjunta se trasladó a las instalaciones de la instancia infantil que no cumplía con las normas de operación ni de seguridad para alojar niños, como lo confirmó el IMSS en un oficio publicado en julio de 2005.
En el Zócalo, los asistentes al juicio no dejaron de gritar "justicia" o "cárcel a los culpables", pese a la petición del juez de guardar silencio y evitar las consignas.
Finalmente hubo aplausos y gritos de júbilo cuando Álvarez Icaza exigió al Estado, como parte de la condena, una " auténtica y sentida disculpa pública " a los afectados de la tragedia en una ceremonia pública que deberá realizarse en Hermosillo, Sonora, donde ocurrió el incendio.
Como parte de la reparación de daño, también se solicitó la instalación de un Memorial en donde solían ser las instalaciones de la Guardería ABC, para honrar la memoria de todos los niños agraviados.
Los culpables directos
Durante el juicio ciudadano de este 29 de mayo se hizo hincapié en la necesidad de señalar a funcionarios públicos como responsables directos de la tragedia.
La omisión del Estado mexicano de incluir los nombres de los culpables, fue tomada como una de las causas principal para denegar justicia en la muerte de los 49 pequeños.
"La omisión del Estado no tiene remedio", "queremos solución y queremos a los culpables", "basta de cómplices de la corrupción", gritaba el público de este juicio.
"Es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas y de Daniel Karam Toumeh ", dijo el juez para despertar los aplausos y gritos de la gente.
El juez ciudadano condenó a los dos funcionarios a "un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública (...) Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses".
También los inhabilitó para desempeñar cualquier cargo público en un periodo de 20 años.
Daniel Karam es actualmente director del IMSS, las víctimas lo acusan de no haber atendido correctamente a las víctimas, mientras que a Molinar Horcasitas —actual secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del oficialista Partido Acción Nacional y ex directivo del IMSS—, lo responsabilizan del desorden por la operación y supervisión del servicio de las guarderías que propiciaron las condiciones para la tragedia.
La sentencia, fue recibida con aplausos del público y algunas lágrimas de los padres de los menores que fallecieron. La escritora Sabina Berman, como testigo de calidad del juicio ciudadano, dijo que hay evidencias para mostrar la incapacidad del Estado para hacer justicia y que sólo en la sociedad civil estará la capacidad para alcanzarla.
Sobre los funcionarios enjuiciados, la politóloga Denisse Dresser dijo que "siguen aferrados a sus puestos en la vida pública, dispuestos a perpetrar la impunidad, evidenciando que dejaron la decencia atrás al momento de cruzar el umbral del poder".
La sentencia ciudadana contra el Estado mexicano, se dictó el 29 de mayo de 2011 a las 13:15 horas.
El poeta Javier Sicilia, el actor Bruno Bichir, el litigante Miguel Carbonell y el activista Eduardo Gallo; fueron algunos de los testigos que presenciaron el juicio que sin tener algún efecto vinculante, busca exponer a las autoridades mexicanas frente a su incapacidad de dar justicia por una tragedia prevenible, dijeron los organizadores.
Ante el llamado de la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación respondió que resultaba "absolutamente improcedente la asistencia del Titular del Ejecutivo, así como designación de representante alguno" a este juicio ciudadano.