En la contienda por el Estado de México deslumbran los apoyos sociales

La región sur del Estado de México, colindante con el estado de Guerrero, concentra algunos de los ayuntamientos más pobres. Ahí, los operadores electorales se confunden con los promotores de programas sociales o con autoridades constituidas.

En el municipio de Amatepec, Nicolás Ramírez, un poblador de 86 años, relata lo qué ocurrió el pasado jueves 19 de mayo, cuatro días antes de que acudiera a la zona el candidato de izquierda Alejandro Encinas Rodríguez que encabeza la Coalición Unidos Podemos Más, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

“Vinieron unas señoritas del Oportunidades (programa federal de apoyo social) por el papeleo, se lo llevaron y no dejaron que lo trajéramos acá, que para que no nos los quiten pero se lo llevaron ellas”, refiriéndose al programa social federal , y asegura que entre el “papeleo” se llevaron credenciales de elector y documentación original.

En Amatepec 68% de su población es analfabeta; 34% no tiene drenaje; 51% de sus pobladores carece de servicios de salud; y 38% vive en pobreza alimentaria.

Sus pobladores aceptaron entregar sus documentos a cambio de apoyos, de quien sea, de cara a las elecciones a gobernador en el Estado de México el próximo 3 de julio.

Campesinos de la zona dicen esperar a que algún partido les dé costales de fertilizante, pues cada uno cuesta 3,000 pesos. En 2009, previo a las elecciones municipales, aseguran Rosalío Martínez y Vicente Martínez, fue el PRI, — que ha gobernado 18 años el municipio— el que “nos dio todo, nos dio semilla, fertilizante” pero eso apenas duró tres meses, se quejan.

En su recorrido de campaña por el lugar, realizado el 23 de mayo, Encinas Rodríguez ofreció terminar con el abuso. Para evitar que tengan que esperar dádivas a cambio de su voto, anuncia que casa por casa se entregará La Cumplidora, una tarjeta con espacio para escribir los datos del beneficiario y, aparentemente, sin más valor que la promesa de contar con programas sociales si el PRD gana las elecciones.

La Cumplidora, de Encinas, promueve programas sociales en beneficio de estudiantes y mujeres.

Eruviel Ávila, su contrincante priista, ofrece en su campaña una tarjeta similar en forma y propósitos, ésta llamada La Efectiva .

"Con la Tarjeta La Efectiva, podrás elegir dos programas de tu preferencia, de los cuales serás beneficiario durante los seis años de mi gestión como gobernador del Estado de México", dice el portal oficial del candidato.

Tarjetas que sólo prometen

Al parecer esas tarjetas son sólo una estrategia de campaña , no un condicionamiento del voto a cambio de una ayuda social , expone el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Ramírez Mercado.

Considera que no podría definirlas como muestra de clientelismo o uso electoral de programas sociales, pues hoy sólo se trata de promesas. "Si no tenemos plenamente un referente o evidencia de que así sea, es arriesgado poder hacer juicios en este sentido. Uno puede inducir o pensar que se está usando así, pero sería irresponsable anticipar".

Sin embargo, mientras se pretenda incidir en la participación electoral, sea con promesas de apoyos sociales, sea con esas tarjetas, con dádivas o mecanismos como nóminas ocultas “vamos a tener una calificación negativa al proceso de la construcción democrática en este país”, plantea Ramírez

Todos los colores

En realidad las prácticas de clientelismo no son exclusivas de un partido, sostiene el investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Edgar Hernández Muñoz.

El doctor en Sociología, quien ha escrito sobre el uso político de la pobreza en el país, explica a CNNMéxico: “el clientelismo no tiene colores, se reproduce en todos los niveles”.

Por ejemplo, aunque no son los únicos, PRI y PRD tienen “amplias bases sociales, cuadros formados en la gestión de bienes y servicios, una organización territorial acreditada y, por supuesto, la capacidad igualmente reconocida de movilizar a sus adherentes en las campañas”. 

Pero es un fenómeno que tiene que ver con la forma de hacer política, pues hay quienes inician sus carreras en las localidades y para ellos “ocuparse de quienes están en pobreza es políticamente correcto y electoralmente rentable, en todo caso es válido y tiene sentido porque la vocación de servicio público presupone trabajar por la gente”.

Sin embargo reconoce que cuando estos apoyos se vinculan a procesos electorales no sólo existe la intención, sino que se logra influenciar el sentido del voto. “El reparto de bienes públicos, sobre todo los que satisfacen necesidades primarias y cotidianas como lo son los de consumo popular, sí inciden en el ánimo de los electores que se hallan en situación de pobreza y marginalidad”, plantea el investigador.

Los beneficiarios los reciben, explica, no sólo como regalos, sino que ven en ellos una expresión concreta de la intención de quienes los entregan, sean operadores partidistas o de gobierno, “de incorporarlos a los padrones de beneficiarios”. 

Y ser incluidos en esos esquemas “siempre será atractivo para quienes, pese al carácter condicionado y por supuesto manipulador de este tipo de apoyos, ciertamente dependen de ellos debido a su notoria desventaja económica o su vulnerabilidad social”.

Es por eso que el experto considera que “si lo que queremos es una democracia más sólida y de mayor calidad” se precisa un rediseño de toda la política social, de manera paralela al fomento a una cultura cívica en donde la ciudadanía se interese más por la oferta electoral y la credibilidad, “en lugar de apostar a la entrega de regalos, que no es sino la compra de conciencias”.

Por lo pronto, valora que aún es prematuro saber si los blindajes que se han instaurado en torno a los programas sociales hayan servido para desalentar las prácticas clientelares, neutralizar sus efectos y perseguir a sus operadores.

Esto se debe a que esas medidas son relativamente recientes y a que hay resistencias. Los operadores electorales se han profesionalizado, tienen “acreditado oficio y experiencia en la materia (y) van a seguir entregando los recursos haciéndolos pasar como dádivas a las que se debe reciprocar con votos”, indica Hernández.

En el Estado de México, a unas semanas de la elección, todavía está por verse si esas prácticas prevalecen, y si impactan al ánimo del electorado en pobreza.