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Las encuestas dirigidas amenazan la equidad en las elecciones

Las encuestas dirigidas permearon en las elecciones estatales de 2010, ahora amenazan la equidad en próximas elecciones, advierten expertos
lun 06 junio 2011 10:40 AM
pan y prd alianza edomex
consulta ciudadana

Las reformas electorales de 2008 en México establecieron prohibiciones a medios de comunicación, partidos y candidatos para evitar que se repitiera un escenario de campañas negativas como las de 2006. A pesar de eso, una nueva manera ya está en práctica en México para ensuciar los días previos a las elecciones: las encuestas dirigidas o push polls. 

Estos sondeos, generalmente vía telefónica, consisten en preguntas cuyo fin no es medir la opinión pública, sino difundir una imagen negativa de un adversario político, o bien, posicionar la imagen de un político.

“Consiste en la práctica de diseminar o esparcir información de naturaleza preponderantemente negativa, abierta o veladamente, sobre un contrincante o adversario político, bajo el ropaje de un sondeo inocuo", define para CNNMéxico el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco de Andrea Sánchez. 

Las preguntas son “inicialmente inofensivas, seguidas de preguntas perversas, que son las que tienen la idea de teñir el ánimo del elector para que vote en contra de cierto candidato", explica el investigador. 

Expertos electorales advierten que esta práctica podría dominar la convocatoria nacional de 2012 en demérito de la cultura cívica y la democracia.

El nacimiento de una industria 

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En el caso de las elecciones nacionales de 2006, los mensajes de radio y televisión contra los candidatos generaron una campaña negra por su agresividad. 

El líder de izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, fue calificado en miles de spots como “un peligro para México”.

Acusaciones como ésta derivaron en una legislación de 2008, por la que el organizador de los comicios, el Instituto Federal Electoral (IFE), contaba con la facultad exclusiva de difundir anuncios, además de investigar y sancionar los ataques entre partidos o candidatos.

A pesar de la norma, nuevos mecanismos quedaron fuera de la ley y se han utilizado desde entonces con los mismos fines. En la cita en las urnas de 2010 en 13 entidades, se recurrió por primera vez a las push polls.

El entonces candidato al gobierno de Zacatecas, Antonio Mejía Haro, del partido de izquierda Partido de la Revolución Democrática (PRD), registró la primera denuncia pública sobre un caso de encuesta dirigida.

Según los reportes periodísticos de la fecha, el aspirante aseguró que una empresa encuestadora del país le ofreció un paquete de cinco millones de pesos “que incluía la encuesta y la previa aplicación de unas preguntas hechas a los mismos números telefónicos para hablar bien de él y garantizar un resultado a su favor”.

Veracruz también presentó denuncias por prácticas similares. En este caso, de acuerdo con el principal partido opositor en el estado, Acción Nacional (PAN), se pretendió vincular a su candidato al gobierno, Miguel Ángel Yunes, con grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas de manera subrepticia.

Las push polls aplicadas en ese estado primero informaron a los encuestados que había habido escuchas ilegales para preguntarles después: "El espionaje telefónico es ilegal, ¿usted confiaría en un candidato que espía y calumnia como Miguel Ángel Yunes?”

Estrategias 'subliminales'

Las preguntas "aparentemente inofensivos" dan paso a las "perversas". Se trata de "una selección de temas muy maquiavélica", asegura De Andrea. 

Para el investigador, especialista en elecciones y partidos, con estas prácticas los ciudadanos consultados se convierten en “víctimas del manejo de los encuestadores. No por una manipulación de tipo fraudulento, pero sí una manipulación, casi diríamos, subliminal”.

La manipulación no está relacionada con el diseño de la encuesta o con la difusión de resultados, sino que es “una manipulación de segundo nivel, más sofisticada” pues se trata de desviar la voluntad original de un elector sin que la persona se dé cuenta.

El gremio contra las push polls

Prácticas como éstas, novedosas en México, pero comunes en Estados Unidos, se consideran “encuestas fraudulentas y no éticas”, según la American Association for Public Opinion Research (AAPOR). El gremio mexicano de encuestadores también desautoriza ese tipo de sondeos.

Las 36 empresas más importantes del país del ramo han acordado emprender una cruzada contra las encuestas dirigidas, anuncia a CNNMéxico el vicepresidente y vocero de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), Claudio Flores Thomas.

Incurrir en ese tipo de ejercicios en la AMAI es motivo de expulsión, aunque el portavoz admite que "no son ilegales" y que es "difícil comprobar" que una empresa las realiza, por lo que no menciona a ninguna dedicada a ello.

El rechazo a las push polls se debe esencialmente a que “no se trata de una encuesta sino de marketing”, lo que engaña al ciudadano y repercute en la credibilidad del gremio de la opinión pública.

El hecho de que se realicen de forma masiva implica que podrían influir en los resultados electorales, añade Flores, director de Lexia y especialista en metodología cualitativa.

“Si hay una masa de votantes de tres millones y se hace un millón de llamadas, seguramente se impactará sobre un partido o candidato”. Por esa efectividad es un fenómeno creciente y “los actores políticos se ven tentados a usarlo”.

La consecuencia más dañina es que, como toda campaña negativa, enrarece el clima político. “Constituyen una vía de escape de la publicidad, ya prohibida, de tipo negativo o denigratorio”, considera De Andrea.

Este especialista en Derecho contempla dos soluciones: un andamiaje jurídico complejo, y acentuar la educación y la cultura política para no caer en esos engaños.

"Lo ideal es prevenir y empezar a mover el tema”, dice Flores Thomaspor. Por ello la AMAI emprenderá una jornada para ponerlo en la agenda pública para evitar, como ya ocurre en otros países, que sea de uso extendido en elecciones presidenciales.

“Sabemos que legislar será largo y tortuoso, pero es importante dar pasos en ese sentido”, plantea Flores.

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