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La CoIDH cita al Estado mexicano a una audiencia por desaparición forzada

El gobierno deberá explicar qué medidas ha tomado para resolver el caso de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel Alvarado en Ciudad Juárez
mar 07 junio 2011 03:03 PM
exigimos seguridad
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Cinco meses han pasado desde que José Ángel Alvarado Favela recibió una llamada telefónica que lo obligó, a él y a su familia, a abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo, te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienen 12 horas para dejar la casa y la ciudad, si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado", le dijeron el 29 de enero de 2011, casi un año después de que su hijo José Ángel, de 30 años, y sus sobrinas Rocío Irene, de 28, y Nitza Paola, de 31, fueran secuestrados por un convoy militar en el municipio de San Buenaventura, cerca de Ciudad Juárez.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha llamado ahora al Estado mexicano para que el 28 de junio explique en una audiencia pública qué ha hecho para dar con su paradero, presentarlos con vida y cómo ha protegido al resto de la familia.

"El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad, no ha realizado acciones concretas que vayan encaminadas a resolver el problema de fondo, que es la aparición con vida de estas tres personas que fueron secuestradas por el Ejército mexicano en Ciudad Juárez", dijo a CNNMéxico Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, en el norte de México, una de las organizaciones que han seguido el caso de cerca, por lo que también ha recibido amenazas. 

La decisión de la Corte

Organizaciones civiles de Chihuahua presentaron el caso de esta familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2010. Esa instancia lo turnó directamente ante la CoIDH por considerar que había documentación suficiente para solicitar de inmediato medidas cautelares para 24 integrantes de los Alvarado.

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La institución, con sede en Costa Rica, determinó además que se debía proteger a siete defensores de derechos humanos relacionados con este caso: Emilia González, Patricia Galarza Gándara, Brenda Andazola, Luz Esthela Castro Rodríguez, Oscar Enríquez, Javier Ávila Aguirre y Francisca Galván. Todos se han involucrado en la investigación a través del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Chihuahua ocupa el primer puesto nacional de denuncias sobre ataques cometidos contra defensores de derechos humanos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

"Ha habido una hostil y feroz investida tanto por militares como por la policía federal. Hasta ahora hay 32 familiares escondidos por las amenazas de muerte. También se ha hostigado a Emilia González pese al dictado de medidas provisionales. Simplemente no ha cesado el hostigamiento", explicó Luz Esthela Castro.

Ese hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, sumado a un informe del Estado mexicano de marzo pasado, en el que justifica que ni los activistas ni José Ángel Alvarado Favela contribuyen a la investigación, derivó en que la CoIDH llamara a la audiencia pública del 28 de junio próximo.

"Ocultamientos dolosos"

El delito de desaparición forzada, como el de la familia Alvarado, fue tipificado en México a nivel federal en junio de 2001. La legislación mexicana lo define como el delito en el que un funcionario, "independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención".

El 13% de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante 2010 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se referían a la desaparición forzada de alguna persona .

En noviembre de 2009, la CoIDH emitió sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se trata del único caso en el que instancias internacionales han responsabilizado al gobierno.

Organizaciones civiles como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada denuncian que el Estado no ha cumplido la sentencia a cabalidad, sobre todo en lo referente a investigar y sancionar a los responsables, y reparar el daño a las víctimas.

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