Aguas Blancas, un genocidio que aún espera justicia en México
Hace 16 años, 17 campesinos fueron asesinados y 23 más heridos por la policía de Guerrero , entidad ubicada al sur de México, para impedir su asistencia a un mitin en un poblado cercano. Hasta el momento no hay un sólo detenido por esa masacre que dejó viudas, huérfanos y la renuncia de un gobernador.
A lo largo de estos años las familias han exigido justicia por la matanza, pero sólo se obtuvo la licencia para dejar el cargo de quien fuera en ese entonces el gobernador de Guerrero, el priista Rubén Figueroa Alcocer, también señalado como el cacique de esta entidad.
Tras 16 años de la masacre, las familias afectadas han recibido apoyos de diversos gobernadores: viviendas, becas para los huérfanos e incluso pagos en efectivo, pero no la justicia judicial o la condena de los que ordenaron la emboscada de esos campesinos.
El pasado 20 de junio el subsecretario de Desarrollo Político de la administración estatal entregó a las viudas y sobrevivientes apoyos económicos por 760,000 pesos en total, para proyectos productivos que les generen ingresos.
El abogado defensor de las viudas, José Sánchez Sánchez, afirmó a CNNMéxico que esta acción del gobernador Ángel Aguirre Rivero —antes priista y ahora afiliado al PRD— sólo busca frenar sus protestas y cerrar el tema.
“El estado está obligado a reparar el daño, debe castigarse a los responsables porque siguen paseándose como si nada. Claro que (Ángel) Aguirre no va hacer nada para castigar a los que debe, porque es de esa misma estirpe del PRI, de ahí salió”, dijo.
Sánchez Sánchez sostuvo que aunque el gobernador de Guerrero dice ser de izquierda y planea echar a andar una Comisión de la Verdad para investigar ese tipo de masacres y desapariciones forzadas, saben que no lo hará para no afectar intereses y a sus ex compañeros del PRI.
“Les dio 50,000 pesos a cambio de renunciar a esta defensa, no todos aceptaron pero con eso quieren dividir la lucha. Los engatusan con esa supuesta indemnización cuando están todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está la investigación pero no hay voluntad política”, reclamó.
La historia
El 28 de junio de 1995 un grupo de 40 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, salieron muy temprano de sus viviendas para trasladarse en cinco camionetas de carga al mitin de su agrupación, a varios kilómetros, y en el que pedirían al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido.
Sin embargo, cuando circulaban por el vado de Aguas Blancas, comunidad perteneciente a Coyuca de Benítez, municipio colindante con Acapulco, un grupo de al menos 400 policías —de las extintas corporaciones Judiciales y Motorizada— ya los esperaban para emboscarlos.
El resultado fue 17 campesinos muertos y 23 heridos, la mayoría de gravedad.
Los miembros de esa organización campesina afirmaron que los policías que cometieron ese genocidio (como lo llamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos) iban al mando del mayor Manuel Moreno González, quien pretendía evitar su llegada al palacio municipal en Atoyac, municipio de la región de la Costa Grande.
De acuerdo con informes de la CNDH, el propio ex gobernador Rubén Figueroa sabía que se llevaría cabo ese mitin por lo que tomó las medidas necesarias.
Otras de las pruebas que se muestran en ese informe de la CNDH es que un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac —lugar en donde se haría la protesta— y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos.
La Comisión de Derechos Humanos de México emitió la recomendación 104/95 en la que quedaron detallados los hechos, que en un principio fueron negados por Figueroa y sólo se avocó a destituir a funcionarios de primer nivel.
Finalmente el 12 de marzo de 1996 —con sólo tres años de gobierno—, solicitó licencia al Congreso de Guerrero, y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino, y quien gobierna de nuevo esta entidad sureña.
La lucha eterna
En el 2008, el abogado defensor de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez, entregó a la Secretaría de Gobernación un escrito en el que exigían la agilización de las investigaciones y una reconstrucción de los hechos de la emboscada de los campesinos.
Esta acción permitiría la comparecencia del ex gobernador Figueroa Alcocer y de todos los que tuvieron responsabilidad de esa masacre.
“No hay avances de la indagatoria que hay ante la PGR en contra de (Rubén) Figueroa por estos hechos, no se ha consignado el caso al juez federal, no hay una sentencia judicial. Ese genocidio sigue en la impunidad y sin la reparación a las víctimas”, lamentó.
La respuesta del gobierno
Por su parte el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuestionó esas declaraciones y afirmó en entrevista con CNNMéxico que su administración está trabajando directamente con las viudas y afectados.
“Yo me sigo reuniendo con todos los afectados de esta tragedia, de esta masacre y lo vamos a seguir haciendo, los vamos a seguir apoyando como se los he ofrecido. Vamos a seguir trabajando en proyectos productivos y con becas para sus hijos, saben que cuentan con el gobernador”, respondió.
Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina —a la que pertenecían los campesinos asesinados— exigió por igual castigo a los responsables, y pidió al gobernador Aguirre Rivero que la Comisión de la Verdad tenga capacidad ejecutora con orden judicial.
“No tiene caso que se forme una comisión de la verdad, nada más, manoseada por tener chamba (trabajo) a una comisión real. Que en este caso se esté impulsado por las organizaciones sociales y el sector popular”, pidió.
Una petición similar emitieron las agrupaciones defensoras de Derechos Humanos en Guerrero, como la Asociación de Familiares Desaparecidos, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y la Liga Mexicana de Derechos Humanos, las cuales exigen por igual una investigación para resolver la masacre de El Charco.
En ese hecho, ocurrido en 1998, murieron 11 campesinos a manos de efectivos del Ejército Mexicanos, quienes buscaban en el lugar a integrantes de la guerrilla al sur de México.
Además piden de la liberación de luchadores sociales y la búsqueda de más de 700 desaparecidos, pues de lo contrario, aseguran esas agrupaciones no gubernamentales, se podrían presentar nuevos hechos violentos.
