Campesinos piden al gobierno de Guerrero resolver masacre de Aguas Blancas

Vestido de negro en señal de luto, con sus sandalias llenas de tierra por caminar varios kilómetros, Filiberto Martínez Cruz, uno de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas —un poblado de Guerrero , al sur de México—, reclamó justicia por sus 17 compañeros asesinados hace 16 años.

Filiberto era uno de los 40 campesinos que salieron de su comunidad para encabezar una protesta en contra del gobierno que encabezó en 1995 Rubén Figueroa Alcocer, en donde además exigirían la liberación de uno de sus compañeros miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

“Nosotros queríamos fertilizante, nosotros pedíamos por una mejor vida, nosotros no cometimos ningún delito”, dijo con su voz entrecortada por recordar el momento en el que fueron emboscados por policías estatales, hecho en el que murieron 17 campesinos y 23 más quedaron lesionados.

Distintas organizaciones sociales marcharon la mañana de este martes de la comunidad de Aguas Blancas —perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero— hasta la zona del vado, un área boscosa en donde la mañana del 28 de junio de 1995 policías estatales les dispararon para impedir que ese grupo de comuneros llegaran hasta la cabecera municipal.

“No hemos encontrado un sólo gobierno que nos haga justicia”, lamentó Filiberto Martínez, quien estuvo respaldado por un gran número de viudas de esa matanza.

En punto de las 11:00 horas (local) de este martes, cientos de personas participaron en la marcha con la que exigieron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, haga justicia y encarcele a los responsables de esas muertes, en particular al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, lamentó que Figueroa siga paseándose por todo el estado teniendo en su conciencia esas muertes.

“Desde aquí le pedimos a Ángel Aguirre que cumpla lo que prometió en campaña: abrir el caso Aguas Blancas. Si tiene voluntad política lo va a cumplir y va acatar las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, dijo.

Para Mesino ese hecho de violencia dejó graves secuelas: 17 mujeres viudas y niños huérfanos que tuvieron que crecer en el desamparo.

Además, destacó que el no recibir justicia da pie a que se sigan cometiendo actos de amenaza y asesinatos en contra de más luchadores sociales.

“La violencia en el país nos pone como un blanco fácil, podemos ser asesinados y van a decir que teníamos nexos con el narcotráfico, podemos caer asesinados por paramilitares y dirán que desviamos la lucha, podemos morir asesinados y dirán que es pasional, como ya ha ocurrido”, lamentó.

Una de las viudas, Zeferina Tacuba Abarca, aún recuerda como era su vida con el campesino Anacleto Huehuteco, quién fue uno de los 17 comuneros asesinados: “quedé en el desamparo con mis dos hijos, uno tenía 8 y otro 12 cuando eso pasó”.

Parada frente al monumento que fue levantado para recordar esa masacre, relató lo difícil que fue mantener a sus dos hijos, uno de ellos se tuvo que ir a los Estados Unidos para poder tener trabajo.

“Lavé ajeno, hice de todo para poder sacarlos adelante”.

En ese monumento, edificado en el punto exacto en donde fueron emboscados los 17 campesinos hay una cruz y una ofrenda floral por cada uno de ellos.

Reabrirán el caso

Mientras se recordaba a los campesinos fallecidos, en la capital del estado, el asesor de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Saúl López Sollano, daba a conocer que se reabrirá el caso para castigar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas.

"Un hecho sangriento en donde estuvieron involucrados funcionarios de ese Gobierno no debe ni puede quedar impune", dijo.

Entrevistado al final de un foro sobre Democracia y Justicia Social, el funcionario estatal y ex legislador por el PRD, recalcó que ese hecho de violencia como muchos otros que han sucedido en la entidad deben ser resueltos por el gobierno de izquierda de Aguirre Rivero.

“Este hecho y otros más que han ocurrido en Guerrero no deben de quedar en la impunidad, debe castigarse a los responsables”.

Para López Sollano la instalación de la Comisión de la Verdad será uno de los primeros mecanismos legales con los que se podrá actuar en contra de los responsables.

Sin embargo, la creación de esa comisión ha ocasionado molestia entre la mayoría de las agrupaciones sociales y de familiares desaparecidos en Guerrero por no tener, dicen, bases legales para actuar jurídicamente.