El gobierno de México crea un programa nacional para combatir el secuestro
Las autoridades federales y estatales de México aprobaron este jueves la creación de un programa nacional para combatir el secuestro, uno de los delitos de mayor incidencia en el país.
La aprobación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Secuestro fue anunciada por la procuradora general de la República, Marisela Morales, durante la 30 sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en la Ciudad de México.
El programa, explicó Morales, consta de siete ejes, que plantean la formación de unidades policiales especializadas en la lucha contra el secuestro, la creación de una plataforma nacional para el registro de datos en la materia y la prevención del delito mediante un aumento de la vigilancia en las calles, entre otros puntos.
También busca homologar los marcos jurídicos del país para combatir el secuestro, que los secuestradores condenados sean encarcelados en penales de alta seguridad, abatir la corrupción y atender a las víctimas de secuestro y a sus familiares.
El presidente Felipe Calderón señaló durante la sesión que es necesaria una mayor cooperación entre los distintos niveles de gobierno, a fin de hacer frente a delitos del fuero común como el secuestro, el robo con violencia, el homicidio o la extorsion telefónica, pues son “los delitos que más afectan a la gente” .
Según Calderón, los delitos del fuero común representan el 90% de los delitos que se cometen diariamente en México.
El 10% restante, de acuerdo con el mandatario, corresponde a delitos federales como el narcotráfico, que el gobierno federal combate frontalmente desde diciembre de 2006, al inicio del sexenio de Calderón.
Activistas denuncian ineficiencia
La activista Isabel Miranda de Wallace , presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro , denunció que las autoridades federales y estatales tienen un retraso en la aplicación de las medidas antisecuestro acordadas en agosto de 2008, con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Miranda de Wallace —quien inició su batalla contra este delito en 2005, tras el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace — afirmó que los estados se encuentran rezagados en la conformación de unidades antisecuestro y ocultan información sobre el tema.
El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, reconoció la labor realizada por Miranda de Wallas, pero desconfió de los datos expuestos por la activista.
“No sabemos cuál es la fuente de esas cifras”, dijo el funcionario.
Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, respaldó la posición de Ebrard, al señalar que 25 de las 32 entidades federativas del país tienen “un avance de más del 90%” en la implementación de unidades antisecuestro.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, se sumó a las críticas de la activista y a la exigencia de que las autoridades transparenten las cifras sobre secuestro.
Calderón, en tanto, llamó a analizar los datos presentados por Miranda de Wallace para detectar posibles deficiencias y lograr un combate más eficaz al secuestro.
“El propósito que todos queremos es que se reduzca la inseguridad en el país”, dijo. “Observo un avance muy importante, insuficiente, lo reconozco, creo que es evidente para todos, pero hay un avance”.
