Consejo Nacional de Seguridad atacará los cinco delitos de mayor impacto
El gobierno federal y las 32 entidades del país emprenderán un combate coordinado contra los cinco delitos de mayor impacto a nivel nacional: homicidio, secuestro , robo, extorsión, y trata de personas.
Durante la trigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón y los gobernadores acordaron formar un grupo de trabajo que el 15 de agosto alistará las medidas operativas necesarias.
Desde 2008, el Consejo sesiona 2 veces por año , ante la crisis de violencia que atraviesa el país por el narcotráfico; sin embargo, por primera vez las autoridades federales y estatales pactaron llevar a cabo acciones articuladas específicas contra los delitos del fuero común con mayor incidencia y que afectan a la población.
El antecedente inmediato tomado en cuenta es el operativo para inhibir el robo y otros delitos, impulsado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que inició el 13 de junio en varios estados.
Calderón expuso a su gabinete de seguridad y a los gobernadores que la lucha iniciada en 2006 no puede enfrascarse sólo contra el crimen organizado, pues el robo representa el 90% de la incidencia delictiva.
"Es absolutamente indispensable hacer un alto en el camino para preguntarnos si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para combatir los delitos más comunes, los que más agravian a la ciudadanía. Hablo del ama de casa a la que le arrebatan el monedero, del estudiante al que le quitan el celular, del obrero al que le roban su quincena en el microbús", sostuvo el mandatario.
Previamente, al inicio de su participación, el presidente apeló al sentido humano de los servidores públicos para que las fiscalías investiguen con eficacia las denuncias.
Además, pidió agotar los recursos legales para identificar a las víctimas de asesinatos derivados de la ola de violencia con estatus de desconocidas, y que las indagatorias sobre homicidios y desapariciones no se conviertan en un problema más para las familias.
El círculo de la impunidad en la que quedan los delitos debe romperse, declaró Felipe Calderón.
"Quizá ellos han sido víctima por partida triple, víctimas de la delincuencia, víctimas de la impunidad y en buena manera, también debemos reconocerlo, víctimas de la indiferencia de las instituciones", expresó el presidente, tras recordar los casos que conoció de viva voz el 23 de junio, cuando se reunió con integrantes del movimiento por la paz que encabeza el poeta Javier Sicilia .
Según cifras ofrecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2010 se registraron tasas de 18 homicidios dolosos y de 203 robos con violencia por cada 100 mil habitantes, además de que se reportaron 201 mil extorsiones telefónicas entre 2008 y junio de este año.
Dentro de la estrategia acordada por los gobiernos federal y locales, se acordó implementar el programa nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Secuestro, en el cual se retoman las medidas contra el delito iniciadas por el propio consejo desde septiembre de 2008.
El fortalecimiento de unidades policiales antisecuestro en cada estado, intercambio de información y atención a víctimas son tres de los siete ejes con los que se busca atacar un delito que en 2010 tuvo un índice de 1,262 casos, el más alto en 13 años.
El tema del combate al secuestro fue el único momento en que hubo discusión durante la sesión, pues la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil "Alto al Secuestro", acusó a los gobernadores de no poner en práctica las unidades policiales, como acordaron hace casi tres años.
Miranda de Wallace denunció que las cifras de denuncias de secuestro son inconsistentes o son ocultadas, además que casi ningún estado muestra eficacia para enjuiciar plagiarios.
"No evadan su responsabilidad, comprométanse a que en un máximo de tres meses estén instaladas las unidades", expresó la activista, quien presentó un estudio sobre la delincuencia en el país.
En respuesta, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, actual presidente de la Conago, advirtió que los señalamientos de Miranda de Wallace eran graves, pues existen avances en la operación de las unidades antisecuestro.
César Duarte, gobernador de Chihuahua, expuso que este año la unidad
antisecuestro estatal ha aclarado 50 casos, luego que la activista refirió que el estado tenía el peor desempeño en castigar el delito.
Incluso el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, miembro del Partido Acción Nacional (al que pertenece el presidente Calderón), refutó que 25 estados tienen unidades que cumplen en más del 90% los requisitos establecidos por el SNSP.
"Estamos haciendo uno de los esfuerzos más grandes en seguridad todos los gobiernos, y para cualquier persona, después de escuchar lo que acabamos de escuchar, pues pareciera entonces que no se está haciendo nada", concluyó el jefe de Gobierno del DF.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, coincidió con Miranda de Wallace y dijo que las cifras oficiales no corresponden a la estadística real, en parte porque las víctimas temen denunciar los secuestros.
Al término de la sesión, el presidente dijo que confía que para el 15 de agosto no sólo este diseñado el mecanismo de acción contra los delitos de alto impacto, sino que también exista ya una reducción de la incidencia delictiva.