Modernizar la Justicia y depurar policías, exigen académicos y activistas
El sistema de Justicia penal que existe en México necesita modernizarse, porque no coincide con los tiempos democráticos por los que atraviesa el país, aseguró el presidente de la asociación civil México SOS, Alejandro Martí , durante la inauguración del foro Justicia y Seguridad: un binomio inseparable en la reforma penal, celebrado en San Pedro Garza García, en el norteño estado de Nuevo León.
El empresario inauguró este espacio, organizado por Institución Renace, productora ejecutiva del documental Presunto Culpable , y siete organizaciones locales, nacionales e internacionales más, que se celebra en el auditorio de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey.
Martí dijo que la modernización que empezó en 2008 — y se prevé concluya en 2016 — con la aprobación de la reforma penal que otorga mayor transparencia en los procesos judiciales y Ministerios Públicos, oralidad en los juicios y mayores garantías a los ciudadanos, es la oportunidad para devolver la credibilidad en las instituciones.
“Debe ser un instrumento fundamental para que nuestros juzgados se desalojen, para que nuestro sistema judicial realmente tenga la capacidad de atender los problemas que nos aquejan”, sostuvo.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, mencionó durante la ceremonia de inauguración que su administración tiene como prioridad la reforma penal, además de impulsar los exámenes de control de confianza, la capacitación y el incremento de sueldos y prestaciones en las policías, aunque reconoció que todavía carecen de calidad.
“Nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos de policía”, dijo.
Nuevo León es la cuarta entidad con más evaluaciones a policías , de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por abajo del Distrito Federal, Guanajuato y Baja California.
Bernardo González-Aréchiga, director de la EGAP, mencionó que a pesar de los altos índices oficiales de criminalidad en Nuevo León, el estado ha cumplido con todas las evaluaciones de confianza de los altos mandos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
Este dato, sin embargo, contradice lo sucedido el pasado 27 de junio, cuando un grupo armado asesinó al director interino de la policía municipal de Santa Catarina , Germán Pérez Quiroz, quien no había pasado por estas evaluaciones y en 2002 fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Jorge Luis Mancillas Ramírez, aseguró que en el estado “no hay rezago en los juzgados penales”, y detalló que se resuelven alrededor de 90 distintos delitos en juicios orales y existen 40 salas donde se practican estos procesos.
Realidades y retos de la reforma
A tres años de su aprobación, la reforma representa una “transformación integral de las instituciones” , que no podrá llevarse a cabo sin voluntad política de las autoridades, sostuvo el coordinador de asesores de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), Hugo Alejandro Concha Cantú.
La transformación, explicó Concha Cantú, implica un cambio cultural en la impartición de justicia, además de la creación y el fortalecimiento de distintas figuras: nuevas fiscalías especializadas en las 32 entidades, policías científicas, peritos profesionales y defensorías públicas.
“(Los nuevos fiscales) van a tener que saber coordinar, conjuntar toda la investigación, lo que ellos pudieron haber supervisado o no, eso dependerá de lo plasmado en cada código estatal, y con eso elaborar una teoría del caso que van a tener que articular y defender en una audiencia con un juez”.
El rector de la Academia Estatal de Policía, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, enlistó cinco mitos de la reforma, entre ellos, el equívoco de que sólo implica la transición a los juicios orales, cuando en realidad se trata de la reinvención de la maquinaria judicial.
“Cada entidad federativa está interpretando de modo muy diferente la reforma constitucional”, criticó el también académico.
La falta de participación de los actores involucrados en la reforma ha contribuido a que no se avance de manera sostenida en el el país , insistió el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, Alfonso Verde Cuenca.
La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel , abundó en la maximización de los recursos humanos y económicos inyectados en la implementación de la reforma para encontrar soluciones alternas de conflictos y no saturar los juzgados.
“Tenemos que aprender en México formas de pacificación de conflictos, que no se hagan más grandes”, insistió.
El 90% de los imputados en México nunca han visto a un juez durante un proceso judicial, sino a otros funcionarios intermedios que no tienen facultades para sentenciarlos, detalló el director del Proyecto de Presunción de Inocencia de la Open Society Justice Initiative, Javier Carrasco Solís.
“Estamos dejando la justicia en manos de otra persona que no es un juez”, enfatizó.
La reforma del sistema de Justicia penal fue aprobada por el Congreso de la Unión en agosto de 2008 y su implementación concluirá en 2016. Consiste en un paquete de modificaciones constitucionales que, además de los juicios orales, implican una reestructuración del Ministerio Público, ampliar los derechos de las víctimas y los imputados, y la creación de un juez de control encargado de que los procesos se lleven conforme a derecho, entre otras medidas.
