HRW pide a México acatar resolución sobre restricción al fuero militar
La organización Human Rights Watch hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la restricción al fuero militar conforme a la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que los casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares sean juzgados en los tribunales civiles y no ante la justicia castrense.
Entonces, la CoIDH resolvió que el Ejército mexicano era responsable por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla Pacheco en el sureño estado de Guerrero, además de que el gobierno no había hecho una investigación adecuada, por lo que ordenó a México reformar su Código de Justicia Militar.
Los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal mexicano discutirán este jueves las reformas al Código de Justicia Militar.
"El máximo tribunal de México encontró que la decisión de la Corte Interamericana debe ser la ley de la tierra: ningún caso de violación de derechos humanos deben ser juzgados en el sistema de justicia militar", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"El presidente (Felipe) Calderón y el Congreso deben reformar rápidamente la jurisdicción militar, para asegurarse de que esta decisión se mantenga".
Vivanco aseguró que como parte de tratados internacionales firmados por México, el país tiene la obligación de incorporar la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso a su derecho interno.
"(Human Rights Watch) insta a la SCJN a hacer cumplir la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscriptos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución".
El caso de Rosendo Radilla es uno de los cuatro —desde 2008— en los que la CoIDH resolvió que miembros del ejército mexicano incurrieron en violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil.
En agosto de 2010, la Corte Interamericana concluyó que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas del estado sureño de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del ejército en 2002. En diciembre de 2010, el tribunal dictaminó que los militares habían detenido y torturado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas.
La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que la jurisdicción militar no debe aplicarse a cualquier violación de derechos humanos cometida contra la población civil, un requisito que México no ha cumplido.
En octubre de 2010, el presidente Felipe Calderón propuso reformas al sistema de justicia militar, sin embargo, HRW las consideró insuficientes, pues sólo contemplan que tres tipos de violaciones de derechos humanos —la desaparición forzada, la violación y la tortura— sean juzgadas en los tribunales civiles y no en cortes militares. Mientras que la investigación y el juzgamiento de otras violaciones graves continuarían estando a cargo del sistema de justicia militar.
Esto da a las autoridades militares la posibilidad de determinar qué actos constituyen o no violaciones a los derechos humanos.
En su reporte Impunidad Uniformada, HRW detalla que la organización documentó que en México, el secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, por lo que "los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el secretario los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte".
