El crimen organizado ataca los derechos humanos básicos en México: ONU
El crimen organizado, con sus acciones y métodos brutales, amenazan la estabilidad del Estado y ataca los derechos humanos básicos en México, señaló este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La funcionaria de la ONU, que concluyó su visita por México tras sostener reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el presidente de la República, Felipe Calderón y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, indicó que el uso de fuerzas militares y navales para el combate a la delincuencia organizada debe ser una medida temporal que con el tiempo debe ser sustituida por las fuerzas civiles de seguridad.
“Entiendo que en circunstancias extraordinarias decisiones difíciles deben tomarse –como la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública– hasta en tanto el Estado construya las capacidades para proteger a las ciudadanía de conformidad con el Estado de Derecho”, dijo.
“Sin embargo, estas medidas excepcionales deben permanecer fieles a su naturaleza: extraordinarias y limitadas en el tiempo”.
En este sentido, expresó su preocupación por el número creciente de reportes de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Hago un llamado urgente al Gobierno para garantizar la plena investigación y sanción de todos aquellos hechos (de violación de derechos humanos), mismos que invariablemente deben ser atendidos por tribunales civiles independientemente de la calidad o condición del perpetrador”, señaló.
Durante las reuniones con el presidente Calderón, recordó, el mandatario justificó la presencia de fuerzas armadas al argumentar que las policías estatales y municipales no tenían la capacidad de hacer frente al crimen organizado. Calderón le explicó que mientras no hubiera cuerpos policiacos capacitados, “los militares permanecerán en las calles”.
Unos meses después de la llegada del presidente Calderón al poder, en el 2007, el mandatario declaró el inicio de la lucha frontal contra el crimen organizado y ha utilizado a elementos de Ejército y de la Marina, así como de la Policía Federal Preventiva para llevar a cabo las labores de combate a la delincuencia organizada.
Hasta diciembre del 2010, el gobierno federal había contabilizado por lo menos 34,000 muertes como resultado de asesinatos y enfrentamientos entre grupos de delincuentes. Reportes internacionales han hecho público que la mayor parte de las armas utilizadas por los criminales son originarias de Estados Unidos.
En este sentido, la alta comisionada hizo un llamado a Estados Unidos y señaló que debe reforzar las acciones para frenar el tráfico de armas que han contribuido a la escalada de violencia en México .
"Ha habido un aumento en el comercio de armas de asalto provenientes de Estados Unidos. El 70% de las armas que se venden en Texas, Arizona y Nuevo México terminan en México", advirtió.
Recordó que la lucha contra el crimen organizado no solo se debe de llevar a cabo a través de la aplicación de la ley, sino a través de la prevención, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
"No debemos olvidar que garantizar la seguridad ciudadana supone el respeto de todas las personas a vivir libre de cualquier amenaza a sus derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física, la libertad y la justicia, así como la obligación del Estado de responder y reparar a las víctimas cuando sus derechos hayan sido violentados", explicó.
Grupos vulnerables
La situación de los migrantes centro y sudamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos, las mujeres, los defensores de derechos humanos y los indígenas fue definida como preocupante por parte de Pillay, quien visitó el Distrito Federal y Oaxaca durante su visita de una semana.
“Ellos y ellas también son titulares de derechos y su debida protección no debe ser menospreciada”, dijo al referirse a los migrantes.
Respecto a las mujeres, y especialmente a las víctimas de los feminicidios, expresó su solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia e inseguridad en Ciudad Juárez y exijió a las autoridades mexicanas el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del “Campo Algodonero”.
“Las defensoras de los derechos de las mujeres están haciendo un extraordinario trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos en todo México, frecuentemente a costa de su seguridad personal”, indicó.
Con respecto a los grupos indígenas en México, hizo un llamado al gobierno mexicano a reconocer sus derechos.
La Alta Comisionada realizó una visita a México que inició desde el pasado sábado y reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, incluso dijo que en algunos sentidos es ejemplo para otros países.
Las conclusiones de esta visita serán incluidas en un reporte mundial sobre la situación de los derechos humanos.
Como parte del seguimiento a la visita, la alta comisionada anunció que se mantendrá en contacto con las autoridades mexicanas para saber si han implementado las recomendaciones que se realizaron como resultado de la visita.
Durante su estancia en México, la alta comisionada se reunió también con los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Seguridad Pública y con el Procurador General de la República. Asimismo sostuvo encuentros con legisladores y con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
