Se respetará el fallo que restringe el fuero militar: Gobierno de México
Se trabajará con las instancias correspondientes para instrumentar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que los militares puedan ser juzgados por tribunales civiles en caso de violar derechos humanos, afirmó este martes el Gobierno mexicano.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional reiteraron su respeto por la decisión del alto tribunal y señalaron que fortalecerán "la aplicación de la jurisdicción militar en la conservación de la disciplina castrense, pilar indispensable para el cumplimiento de las misiones asignadas a las fuerzas armadas".
Este martes, la SCJN determinó por unanimidad que, en casos futuros, todos los jueces del país deben restringir el fuero militar en los delitos presuntamente cometidos por militares contra civiles.
Esta decisión, dijeron los ministros, se tomó acorde con las recientes modificaciones a la Constitución en la materia, donde se establece que en las situaciones de violación de derechos humanos no debe intervenir la justicia castrense.
Al respecto, las dependencias aseguraron la noche de este martes que el Gobierno respeta la legalidad y el Estado de Derecho como base fundamental de toda la sociedad democrática.
"Se reitera el compromiso de continuar trabajando en beneficio de la sociedad mexicana, coadyuvando con las áreas de seguridad del país, con estricto apego a los principios y facultades constitucionales que nos rigen", mencionó el comunicado conjunto.
La determinación de la SCJN partió del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en 2009 analizó el asunto de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
La CoIDH instó al Estado mexicano a adecuar el Código de Justicia Militar a "los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", indicó EFE.
Según Amnistía Internacional, durante el último año no hubo información de un solo militar en activo condenado por violaciones a garantías individuales, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 1,613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas.
