El Congreso pide medidas de seguridad para guarderías, en caso de ataques
El Congreso solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) información sobre los procedimientos y estrategias para proteger a los niños inscritos en el programa de guarderías subrogadas en caso de ataques del crimen organizado.
La Comisión Permanente dio a conocer que se han registrado diversas denuncias de amenazas y agresiones contra estancias infantiles, durante enfrentamientos entre presuntos criminales y fuerzas federales.
El IMSS está obligado a tener un programa de medidas de seguridad para estas guarderías y un protocolo a seguir en caso de que las estancias tengan que cerrar por cuestiones de inseguridad, sin ser sancionadas económicamente.
"Esta situación ha obligado a que las instalaciones de las estancias tengan que cerrarse por varios días, a fin de salvaguardar la integridad física y la vida de los menores y del personal", indicó el Congreso.
Los legisladores solicitaron al IMSS brindar respaldo extraordinario y solidario a los trabajadores de estas guarderías con estrategias de seguridad efectivas y medidas de apoyo para evitar sanciones monetarias.
"Sería un acierto que se incluya en la reglamentación y en los convenios que celebra el IMSS con los prestadores de servicio de guarderías subrogadas, como medida de prevención, el cierre temporal de las guarderías, sin que sean objeto de sanciones".
Hace diez días, la diputada Adriana Terrazas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar que el IMSS instale medidas de prevención por el cierre temporal de las guarderías por cuestiones de seguridad, lo que finalmente fue aprobado este jueves.
La organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), denuncia que desde 2006, cuando se implementó la estrategia de Seguridad Nacional del presidente Felipe Calderón, han muerto 1,300 menores .
La Redim denuncia que niños y adolescentes han fallecido por fuegos cruzados entre fuerzas federales y presuntos delincuentes y por agresiones directas.
Los 1,300 menores representan un 3.7% de la cifra total de muertos reportada por las autoridades federales desde diciembre de 2006 —34,612— por hechos vinculados al crimen organizado.