Familiares de víctimas de abuso militar recurrirán a tribunales civiles
Familiares de personas que fueron víctimas de abusos por parte de elementos del Ejército ven en la restricción del fuero militar emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una posibilidad real de castigo para los marinos y militares que incurrieron en violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
El martes pasado, la Corte restringió el fuero militar, al determinar que los marinos y militares que vulneren las garantías individuales de los ciudadanos deberán ser enjuiciados en cortes civiles y no castrenses, como sucede actualmente.
"Lo miro como una esperanza de que reciban la sanción que se merecen, si nosotros como civiles cometemos un delito, somos castigados, ellos (los militares), se la toman más a la ligera", dijo a CNNMéxico Manuel Elías, hermano de Rocío, quien junto con su esposo murieron asesinados presuntamente por elementos del Ejército.
Manuel Elías está dispuesto a llevar el caso de su hermana y cuñado ante tribunales civiles, una vez que la SCJN abrió la posibilidad.
Aún no tiene claro el trámite procesal que tendrá que seguir; para ello, cuenta con la asesoría y ayuda de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
"Vamos a ver qué sucede con esos militares, ojalá que los juzguen como civiles, trataremos de que así sea", agregó.
El 3 de marzo de 2010, Rocío y Juan Carlos, ambos de 29 años y padres de dos niñas de 4 y 9 años, salían de la fábrica donde trabajaban, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, cuando quedaron atrapados en un fuego cruzado entre militares y delincuentes.
Según los expedientes que han documentado el caso, entre ellos el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando cesó el fuego Rocío salió con las manos en alto, pidiendo auxilio para su esposo, que estaba herido.
Como respuesta, el matrimonio habría recibido disparos y luego el llamado tiro de gracia por parte de los militares. Al menos así se asienta en la recomendación 42/2011 que la CNDH emitió sobre este caso el pasado 30 de junio, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Días después, la Sedena estableció que Rocío y Juan Carlos eran criminales, según consta en un comunicado emitido por la dependencia.
"Colocaron armas juntos a sus cuerpos y dijeron que se trataba de delincuentes", relató Manuel Elías.
Además, refirió el daño moral que causaron las autoridades a su familia.
El agente del Ministerio Público Especializado en delitos contra la Vida y la Integridad Física número Tres, de la procuraduría de Nuevo León, inició la averiguación en las horas siguientes del asesinato.
La indagatoria fue trasladada días después al agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 7/a Zona Militar en Escobedo y luego turnada en dos ocasiones más a otras agencias ministeriales.
El pasado 15 de junio, la familia de Rocío recibió una indemnización económica por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; a cambio, firmaron un acuerdo en el que desisten de cualquier denuncia futura en contra de la institución.
Aceptaron porque en el acuerdo también se estableció que la familia quedaba en libertad de demandar directamente a los militares involucrados y la Sedena se comprometía a proporcionar los nombres de los cuatro presuntos responsables.
"Todavía no tenemos los nombres, sabemos que son cuatro, originarios de Mérida y que están inactivos", precisó Manuel Elías.
El juicio sigue su curso en tribunales marciales, según el hermano de Rocío. Sin embargo, Elías no tiene la certeza de que los responsables del crimen serán castigados, por lo que contempla la posibilidad de llevar el caso a tribunales civiles.
Piden trasladar juicios de militares a cortes civiles
De las 59 quejas que la CNDH documentó en los últimos cuatro años, sobre abusos de militares cometidos en contra de civiles, ninguno de los presuntos responsables fue condenado por la justicia militar .
Amnistía Internacional precisó en un comunicado, publicado este jueves, que desde diciembre de 2006 "ha habido un alarmante aumento en las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas".
Según el organismo internacional, la CNDH tiene al menos 6,000 denuncias por abusos militares.
Organismos defensores de Derechos Humanos dijeron a CNNMéxico que la reciente resolución de la SCJN es un avance importante para llevar a los militares a cortes civiles con mayores posibilidades de que paguen por sus delitos.
Agnieszka Raczynska, secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, consideró que la resolución de la corte es un paso que pondrá fin a la impunidad que acompaña a las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
"Hasta donde sabemos, no hay condenados por violaciones a derechos humanos y por el contrario, hay un creciente número de quejas de ciudadanos en todo el país", explicó Raczynska.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Consuelo Morales, consideró la resolución de la corte "un arcoíris en medio de la oscuridad", sobre todo en un estado como Nuevo León, donde en 2010 dicho organismo documentó 9 casos de militares que violaron garantías de ciudadanos y en lo que va del año ha registrado 14 casos de desapariciones forzadas por parte de elementos de la Marina.
"Nosotros tenemos que ejercitar un medio de impugnación como sería el amparo", dijo Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de Defensa Integral del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en caso de que la Marina y el Ejército se resistan a acatar la resolución de la SCJN.
Todavía falta que el resto de los poderes –Ejecutivo y Legislativo- lleven la medida a acciones concretas, consideró Sáenz Andujo.
"En lo que toca al Congreso de la Unión, tiene pendiente la reforma al Código de Justicia Militar, y el Ejecutivo, declinar las investigaciones al fuero ordinario", agregó.
Por otra parte, Amnistía Internacional calificó la resolución de la Corte como un paso histórico en los esfuerzos para limitar la competencia de la jurisdicción militar y garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de abuso.
"Establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los tratados internacionales", consideró el organismo.
