Diputados retoman la discusión de dar más poderes a militares en México

Otorgar o no mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas es el principal debate que ha dividido a legisladores, académicos y activistas en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional .

Sin embargo, en algo coinciden: el poder militar debe estar supeditado al poder civil para evitar caer en el autoritarismo.

"No todo lo que el Ejército pide se le puede dar porque a veces pide de más y siendo una institución fundamental en la vida pública de México, un garante del poder político, el Ejército debe seguir estando supeditado al poder político, al poder civil", ha dicho Javier Corral Jurado, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja.

Pero, ¿qué es eso que pide el Ejército?

El proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Nacional, enviado por el presidente Felipe Calderón y aprobado en el Senado, establece, por ejemplo, que el primer mandatario tendría la facultad de establecer un "estado de afectación" en lugares asolados por el crimen organizado.

Ahí podrían suspenderse ciertas garantías individuales y los militares tendrían facultades ministeriales para aprehender a delincuentes sin orden de aprehensión.

Durante varias ocasiones, miembros del Ejército mexicano y la Marina Armada de México han sido convocados a trabajar con algunos legisladores sobre el tema. A ninguna habían acudido, hasta el pasado 13 de julio, cuando militares de alto rango se reunieron con legisladores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional —que no dictaminará la reforma— y expusieron la urgencia de que la ley sea publicada.

“Ellos no pidieron nada. Nada más que ya salga la ley (…) Lo que más les preocupa es no tener ese marco jurídico. Pero lo que nos piden es eso: que ya salga y que se discuta. Porque si no, y mientras tanto, ellos están actuando.

“No vayamos a salir luego con que están haciendo lo que no va a permitir la ley. Eso no es posible”, dijo el senador panista Felipe González, integrante de la Bicamaral de Seguridad Nacional.

Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, ¿incompatibles?

Y es que con la actual actividad, tanto la Marina como el Ejército se encuentran en uno de sus momentos más difíciles. Las constantes quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos los han puesto en una situación de vulnerabilidad y desprestigio.

“Un ejército expuesto y vulnerable, expuesto al descrédito ante la opinión pública a nadie conviene y al final del día resulta disfuncional para la recreación de la convivencia democrática”, dijo al respecto Lorenzo Córdova, investigador de la UNAM y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Hasta esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía registradas 6,463 quejas contra el Ejército y la Marina, desde el 2006. El 90% (5,904) estaban radicadas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Las restantes, 559, contra la Secretaría de Marina.

De estas quejas, 3,700 casos se trataban de cateos irregulares. “Generalmente no llegan tocando a la puerta, generalmente llegan derribando la puerta o introduciéndose totalmente de manera clandestina, las personas descubren el operativo cuando ya están detenidos o siendo apuntados con un arma”, consideró Raúl Plascencia, Ombudsman nacional y cuya hermana, Guadalupe Plascencia –directora del Consejo de la Judicatura en el estado de Baja California- fue víctima de un cateo realizado por el Ejército sin una orden judicial.

En lo que va de este año, suman ya 850 quejas contra las Fuerzas armadas, 703 contra el Ejército (9 por privación de la vida, 28 por desapariciones forzadas, 2 por tortura y 353 por tratos crueles) y 147 contra la Marina (8 por desaparición forzada, 71 por tratos crueles y 2 por tortura).

Por ello, los expertos apuestan a que el verdadero reto está en lograr que los militares respeten los derechos humanos.

“No queremos seguridad a costa de los derechos y de la democracia; no queremos derecho y democracia a costa de la seguridad, lo queremos todo y de una vez, al mismo tiempo, porque todo forma parte finalmente del quehacer y de la obligación del estado democrático y de los derechos de los individuos, inclusive la seguridad, por supuesto.

“Así que no es o seguridad o derechos humanos, es derechos humanos incluida la seguridad”, dijo ante legisladores que estudian el tema Sergio García Ramírez, jurista mexicano y juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los principales reclamos ha sido la desaparición del fuero militar. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en el caso de crímenes cometidos contra civiles donde haya violación de derechos humanos los militares deberán resolver ante tribunales civiles y no ser juzgados por ellos mismos.

El proyecto original de modificaciones a la Ley incluía que sólo por tres delitos los militares podrían ser juzgados por tribunales civiles: desaparición forzada, tortura y violación. Pero deja fuera delitos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos a domicilios o robos. De ahí la urgencia de legislar sobre ellos, dicen los defensores de derechos humanos.

“No se ve que en el fuero militar se esté haciendo justicia con relación a las violaciones que desgraciadamente miembros de las fuerzas armadas han venido cometiendo.

“Yo creo que no tenemos que seguir desde el órgano legislativo permitiendo que nuestras fuerzas armadas se sigan desprestigiando, como hasta el momento lo han venido haciendo por estas lagunas en las deficiencias en la manera en cómo ellos creen impartir justicia”, consideró el padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Francisco Vitoria.

Con la conformación de una subcomisión de legisladores que redactará el dictamen, esta semana comienza el proceso de discusión de las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional que deberán concluir el 12 de agosto, fecha en que vence el plazo para dictaminar la reforma.

Piden incluir lavado de dinero

Aunque la discusión sobre los cambios a la Ley de Seguridad Nacional se concentra en el ejercicio militar y el ejercicio de las garantías individuales, otros legisladores consideran que debiera también incluirse la lucha contra el lavado de dinero.

“De nada serviría esta ley, si no va a acompañada, como lo he reiterado, de reformas profundas a la manera como se combate el lavado de dinero en el país. De nada nos va a servir, reglamentar, tener, permitir la presencia del ejército en las calles, si no cortamos los lazos financieros y los financiamientos que los carteles en México tienen”, opinó el diputado por el Partido del Trabajo, Mario Di Costanzo.

De acuerdo con el legislador, el crimen organizado hace circular en México entre 25 000 y 45 000 millones de dólares al año. De ahí la urgencia de desmantelar a los cárteles de su capacidad financiera.

De 2007 a marzo del 2011, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 185 667 denuncias por operaciones inusuales, 576 de ellas por operaciones graves o sospechosas en el sistema financiero. Sin embargo, sólo 20 personas están en prisión.

“Esto es porque sólo una entidad nacional puede presentar denuncias por lavado de dinero, sin contar que el mecanismo del secreto bancario no permite que se sepa públicamente quiénes son los sospechosos de esta actividad”, expuso Di Costanzo.

Sin embargo, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la desaparición del secreto bancario podría terminar con carreras de abogados y notarios.

“El PRI está a favor de reformas que combatan el lavado de dinero de procedencia ilícita, pero advertimos que la minuta enviada por el Senado provocará la pérdida de la confianza en profesiones como los abogados, notarios y otros al convertirlos en verdaderos delatores", argumentó Josué Valdés.

La creación de la Ley Antilavado se discute de manera separada en la Cámara de Diputados y su análisis está radicado en la Comisión de Hacienda que no ha realizado ninguna convocatoria para las discusiones.